El Decálogo elaborado por la CEOE pretende ser un documento de reflexión. En el primer punto, los empresarios españoles piden un pacto con el objetivo de colocar la I+D+i en el eje central de las políticas del Gobierno: "estas deben tener una visión de continuidad a largo plazo".

La CEOE también sugiere en el documento una mayor coordinación entre la administración central y las comunidades autóomas, y una simplificación de los procedimientos administrativos de ayudas a empresas, posibilitando la gestión a través de una “ventanilla única“.

Además, apuesta por facilitar la transferencia de la investigación de universidades y centros públicos hacia el tejido productivo y la sociedad y propone que los últimos años de las titulaciones universitarias sirvan para acercar los estudios a las necesidades inmediatas de las empresas.

Revisar los indicadores para la asignación de fondos

En este sentido, los empresarios solicitan que se revisen los indicadores para la asignación de fondos a las universidades, de manera que se incorporen criterios de evaluación de resultados de sus actividades de I+D (patentes o creación de empresa).

En cuanto a la financiación de la I+D+i, la CEOE propone equiparar la cantidad de subvenciones a la de préstamos, ya que en la actualidad el porcentaje de ayudas públicas a la I+D+i empresarial mediante subvención es sensiblemente inferior al porcentaje de ayudas mediante préstamos”.

Asimismo, apuesta por fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación; facilitar la protección de la innovación por parte de las empresas a través de la propiedad industrial; e impulsar un plan de digitalización de la sociedad española en el horizonte temporal de 2020, entre otras medidas.

En un debate organizado en la sede de la CEOE, Juan López-Belmonte, presidente de la comisión de I+D+i de la Confederación, ha señalado que, aunque “llegamos tarde” a la economía del conocimiento, “lo importante es poder empezar lo antes posible” y ello necesita“prioridad y motivación política”.

Presupuestos de 2018

Desde la Fundación Cotec, su presidenta, Cristina Garmendia, ha lamentado que España tenga “un déficit sistémico” en activos intangibles como la I+D+i y, en cuanto a la partida para ciencia incluida en el borrador de presupuestos generales del estado de 2018, la ex ministra socialista ha mostrado “prudencia y escepticismo”.

En este sentido, Garmendia ha recordado que las cifras “predicen cada vez menos el gasto real”: en 2017 “solo se ejecutó uno de cada tres euros del presupuesto para I+D+i”. A su juicio, la solución pasa por un “compromiso político” para estudiar los impedimentos a la ejecución presupuestaria.

La directora de la Agencia Estatal de Investigación, María Villegas, ha resaltado, por su parte, el papel de la sociedad, a quien ha llamado a “quejarse”, al considerar que “hace poco ruido”: la ciudadanía “no sabe qué supone el I+D” y “los científicos no están en las calles” como sí están los pensionistas, ha aseverado.

Desde la Comisión de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), su presidente y también rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, ha apuntado que “la apuesta del Gobierno no puede ser solamente el discurso” y ha pedido más colaboración entre sistema universitario y el empresarial.