La resolución se divide en 3 partes, e incluye medidas como la declaración como delito de cualquier compraventa de órganos para trasplante y el impulso de los modelos organizativos como el español, uno de los mejores del mundo.

La iniciativa se centra en conseguir que todos los países declaren como delito la extracción y el uso ilegal de órganos. Además, piden promover que los países progresen hacia la autosuficiencia en trasplantes y que se garantice que cuando esos delitos tengan lugar, exista un compromiso de los profesionales sanitarios de notificarlo.

En gran medida, muchos pacientes que viven en países con insuficiencia de órganos, generalmente en vías de desarrollo, viajan en busca de un trasplante a otros lugares donde la legislación contra la compra-venta de órganos es inexistente. A menudo, víctimas de la trata de personas son esos donantes.

En principio, si el acuerdo se aprueba, no tendría un carácter vinculante puesto que representaría un posicionamiento de la ONU. A partir de ahora empezará a negociarse con el resto de países, y posiblemente se votará a finales del verano.