Las subvenciones que los centros reciben a través del plan nacional de investigación ya tiene repercusión del IVA, según la secretaria de Estado, Carmen Vela, y ahora lo que se reclama es que no se cuestione la deducibilidad del 100% del IVA soportado, vinculado a la compra de bienes y servicios para la investigación -por ejemplo, material de laboratorio-.
Para solucionarlo, hay un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, desde donde hay “una enorme sensibilidad y no solo buenas palabras”, según indica Vela.
Los centros que han llevado a cabo esta solicitud son los 25 acreditados con el sello de excelencia ‘Severo Ochoa’ y las 16 unidades de investigación acreditadas con la distinción ‘María de Maeztu’, que han presentado oficialmente en la sede del Ministerio de Economía, Competitividad e Industria la alianza SOMMa (Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu).
Representados por Luis Serrano, director de esta alianza y del Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG), los centros y unidades agradecen el esfuerzo de la Secretaría de Estado de I+D+i por mantener, pese a la crisis, el programa de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, que ha contribuido a que los distinguidos puedan competir y llegar “muy alto”, pero existe “riesgo de parón”. Pero, según Serrano, la burocracia administrativa, además de los recursos insuficientes, pueden “constreñir la ciencia”, por eso esta actividad necesita de regulaciones específicas y adecuadas.
En un informe titulado “Informe SOMMa: acciones necesarias para salvaguardar la competitividad de la ciencia”, se identifican tres problemas principales: criterios de deducción del IVA, en la contratación de personal y en la contratación pública (ahora se exige concurso público para servicios o suministros por importe igual o superior a 15.000 euros; piden aumentar este límite).
En cuanto al IVA, la alianza reivindica que la investigación, y en particular la investigación básica, sea calificada de actividad económica y de interés general, y que se cuente con criterios claros que garanticen la seguridad jurídica.
En el informe, se explica que a partir de 2015 Hacienda ha abierto inspecciones del IVA de forma más generaliza a entidades de I+D, con retroactividad y una prescripción fiscal de cuatro años.
Esto, según la alianza, puede tener un gran impacto económico y, en algunos casos, podría incluso suponer el cierre de entidades.
Los inspectores de Hacienda han empezado a cuestionar la deducibilidad del IVA soportado en bienes y servicios -compra de probetas, tubos de ensayo, animales de laboratorio, etc-, alegando que se debe probar la naturaleza de actividad económica de la ciencia, y lo hacen sin unanimidad de criterio en todo el país.
Hay mucha variabilidad en la prorrata -IVA a deducir- de centros similares, que puede ir del 30 al 100 %.
En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el BOE publica las actividades que generan derecho a la deducción del IVA y en base a eso su prorrata varía cada año (84 % en 2017).
En el caso del CRG, con 500 personas y un presupuesto de unos 40 millones anuales, el impacto de la devolución del IVA soportado de ejercicios anteriores sería de un millón de euros anuales, aproximadamente con una prorrata de entre el 60 y el 70 %, que “impactaría directamente en la cuenta de resultados de la entidad”.
SOMMa pide que el IVA soportado en la investigación se deduzca en su totalidad, pero en el caso de tributar que se haga con unanimidad de criterios.
El objetivo de la SOMMa es promover, reforzar y maximizar, en el ámbito nacional e internacional, el valor de la ciencia de excelencia producida por los centros y unidades y su impacto económico y social, así como incrementar su visibilidad.