Denegar financiación pública a tratamientos o fármacos, aprobados por las autoridades, es un grave problema que está a la orden del día ya que es uno de los principales impedimentos que se está analizando en este congreso que ha reunido a más de 23.000 profesionales sanitarios.
En ese sentido, un estudio que analizó las decisiones nacionales sobre financiación pública de distintos países como Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido y Canadá indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones, unas 2.500 en España, según han calculado los autores de esta investigación.
Los autores de este estudio evaluaron las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país en cuanto a financiación pública de fármacos o tratamiento entre los años 2006 y 2016.
Tras analizar los resultados, el 34% de las evaluaciones que llevaron a cabo las autoridades nacionales para decidir si la financiación de un nuevo tratamiento sería público o privado acabaron en la imposición de restricciones totales o parciales en el acceso a medicamentos en los centros públicos.