Los conductores sancionados tendrán cinco días más de plazo, hasta un total de 20, para pagar de forma voluntaria las multas, un periodo en que el podrán beneficiarse como ocurre ahora, de una reducción del 50 por ciento del importe.

En la actualidad el plazo de lo que se conoce como 'pronto pago' y para presentar alegaciones es de 15 días, pero el PP en el Senado ha aceptado una enmienda de CiU para unificar las normativas en esta materia, dar mayor seguridad jurídica al conductor y prolongar cinco días más ese plazo.

Así se ha acordado en la Comisión de Interior del Senado, que, con 15 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, ha dado hoy su visto bueno al informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Otra de las enmiendas introducidas tiene como objetivo que las bicicletas no puedan ser inmovilizadas cuando su conductor no haga uso del casco de protección.

Durante su tramitación en la Cámara alta el PP ha introducido varias enmiendas, entre ellas las que obligarán a los conductores a realizar una prueba en la Jefatura de Tráfico, además del curso de sensibilización, para recuperar parcialmente puntos de su carné.

El PP ha incorporado otra enmienda para abrir a más centros la posibilidad de impartir los cursos de recuperación, hasta ahora limitados a un número concreto mediante la fórmula de concesión.

La reforma de la Ley de Tráfico endurecerá las sanciones por consumo de alcohol y drogas al volante. Así, superar la tasa máxima de alcohol se multará con 500 euros, pero si se duplica o el conductor es reincidente en el periodo de un año tendrá que pagar 1.000 euros, la misa cifra con la que se castigará la conducción bajo los efectos de las drogas, excluidas las utilizadas bajo prescripción médica.

Por otro lado, la reforma de la norma abre la puerta a la modificación de los límites de velocidad, que quedarán fijados en el nuevo Reglamento de Circulación, cuyo debate se iniciará una vez se apruebe la ley.

Tráfico quiere subir hasta los 130 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en autovías y autopistas, pero solo en determinados tramos y circunstancias, y rebajar en diez kilómetros por hora los límites máximos en las carreteras secundarias, así como fijar en 20 o 30 km/h los de algunas calles de las ciudades.