Estos datos se desprenden del último balance elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial sobre la actividad de los tribunales en los tres primeros meses del año.
En este periodo, los órganos judiciales dictaron un total de 12.975 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,5 por ciento (8.892) fueron condenatorias, 2,3 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017 (el 66,2).
De las 37.829 víctimas, 26.283 mujeres eran españolas (un 69,5 por ciento) y 11.546, extranjeras (un 30,5 por ciento).
Junto a la disminución de las víctimas, también se han registrado una bajada de las denuncias, el 2,3 por ciento con respecto a las que presentaron en los órganos judiciales en el mismo periodo de 2017, ya que se han contabilizado 39.586, frente a las 40.509 del año anterior.
Las denuncias presentadas por las propias mujeres bajaron 2 puntos y fueron el 68 por ciento del total de denuncias registradas; el resto fueron las elevadas por intervención directa de la policía (el 16,25) y las presentadas por los familiares (el 2,58 %, frente al 1,3).
Además, el 9 % de las denuncias registradas obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5 % a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
Respecto a los menores, los juzgados enjuiciaron en el primer trimestre del año a 59 menores de edad (62 en primer trimestre de 2017) por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer; se impusieron medidas en un 96,6 por ciento de los casos, afectando a 57 menores, de los que 47 eran españoles.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional (15,89) están Murcia (21,90), Baleares (21,76) y Valenciana y Canarias (20), mientras que la ratio más baja se dio en Galicia (9,60), seguida de Castilla y León (9,82), Extremadura (10,29) y La Rioja (10,89).
Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.455 órdenes de protección (menos que 2017 que fueron 10.690).
Los tribunales adoptaron un total de 3.984 medidas civiles de protección de mujeres y menores, incrementándose así la cifra de 3.851 medidas adoptadas el año anterior y 14.881 medidas penales de protección, como orden de alejamiento (adoptada en 5.758 casos) y la prohibición de comunicación (en 5.513 casos).
En 4.231 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo (el 11,18 por ciento de las mujeres víctimas, cifra similar al año anterior, que fue de un 11 por ciento).
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado el incremento de las condenas y de las medidas de protección a mujeres y sus hijos y ha mostrado su confianza en los efectos positivos de las medidas del Pacto de Estado.
