El documento, presentado este lunes y aprobado el jueves por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, busca dotar al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad para prevenir y atajar los posibles incrementos de transmisión del Covid-19, por lo que, se ha acodado que podrá ser revisado cuando sea necesario.
Por propuesta de las comunidades autónomas, de diferentes ministerios y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud Pública, el documento final ha incorporado mejoras y concreciones técnicas.
En este sentido, se han integrado posibles respuestas por escenarios específicos, como es el caso de los centros penitenciarios, pues el contacto entre personas con patologías crónicas es muy estrecho y la aparición de un brote de coronavirus podría suponer un grave problema.
Por ello, los centros penitenciarios deberán colaborar en la notificación de datos, adoptar sistemas de vigilancia reforzados, disponer de planes de contingencia acondicionados a las características de cada lugar y, en el caso de que una persona de positivo, tendrá que ser aislada y sus contactos permanecer en cuarentena.
Además, el plan establecerá una búsqueda de casos activos y valorará la posibilidad de hacer un cribado con el resto de residentes y profesionales si la situación lo requiere.
Para los migrantes que acceden de forma irregular a nuestro país, el plan también propone medidas específicas de diagnóstico precoz coordinadas con las de las comunidades autónomas de salud pública ante rebrotes.
La actuación coordinada entre el Ministerio y las comunidades es igualmente efectiva en el caso de que se celebren fiestas regionales, ya que se podría obligar a la cancelación de todos los eventos de una comunidad o a que se celebren siguiendo las mismas reglas. De tal modo que, es un mecanismo pensado, por ahora, para llevar actuaciones como el cierre de locales o la restricción del aforo en tiendas, pero no para establecer el confinamiento en comunidades enteras.
En lo que respecta al ámbito de la atención sanitaria, el plan señala que las autonomías deben activar los planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria pero de forma adaptada a cada escenario, garantizar que haya capacidad suficiente de recursos humanos y de equipos de protección individual, así como de disponer de una capacidad suficiente de camas para cuidados críticos que tengan sistema de respiración mecánica invasiva, algo que equivale a entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes, y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
A su vez, las comunidades autónomas tendrán que disponer de planes de atención domiciliaria, una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes de Covid-19 y no Covid-19, mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables, y garantizar los programas de vacunación.
Por otro lado, el documento establece como principales medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación del virus la higiene de manos, la distancia interpesonal y la utilización de mascarillas, además de disponer de estrategias preventivas sobre la organización de espacios y horarios, los procedimientos sobre el manejo de casos y la coordinación con el sistema asistencial. Unas pautas que deben ser tenidas en cuenta sobre todo en los lugares más vulnerables, como las residencias para mayores, los centros de salud mental, los centros de acogida y los albergues.
Asimismo, para prevenir el impacto de la gripe este otoño-invierno, Salvador Illa ha comunicado que se fomentará la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitarias, personas con condiciones de riesgo y embarazadas.
