Esta ILP, que ha contado con más de 660.000 firmas, considera que se establezcan unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes para dotar de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos respecto a los servicios sanitarios y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los cuidados.
Tal y como se recuerda en el texto, existe una evidencia de que la dotación "insuficiente" de enfermeras pone en riesgo la seguridad del paciente y de los profesionales, aumenta la mortalidad y se traduce en más costes para el sistema sanitario en forma de reingresos y alargamiento de las estancias.
La proposición de ley ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque han destacado la necesidad de introducir algunas mejoras para adecuarlo al marco constitucional.
En España con el pretexto de la crisis en los últimos ocho años se han destruido 20.000 empleos de Enfermería, tiene una ratio de 5,7 enfermeras por cada 1.000 habitantes lejos del 8,8 de la Unión Europea.
