La legislación fiscal actual no distingue entre alimentación sana y alimentación insana, esta se basa únicamente en los grupos de alimentos considerados básicos, por tanto, "no promueve el acceso a productos frescos y sanos", según aseguran desde la entidad.

Esto significa que no hay diferencia fiscal entre el IVA de las frutas, legumbres o pescados y el de la bollería industrial o las bebidas azucaradas. Un hecho que "no tiene ningún sentido desde el punto de vista sanitario", destacan. Por este motivo, Justicia Alimentaria exige un cambio de la política fiscal alimentaria consistente en generar una diferencia de precios para promover el consumo de unos productos y reducir el de los otros.

Esta nueva medida de la organización busca favorecer la alimentación saludable de las personas con rentas más bajas, ya que una de cada dos personas no puede acceder a una alimentación saludable y se ve obligada a comer de manera insana porque no puede pagarlo, según sus datos.

Como antecedentes, desde la organización destacan una Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en marzo del año pasado, en la que se instaba al Gobierno a aplicar medidas impositivas, entre otras, para fomentar la alimentación fresca y saludable, sin embargo, "hasta el momento el Ejecutivo ha hecho oídos sordos", afirman.

Desde Justicia Alimentaria advierten que la política fiscal de este ámbito y la política sanitaria son disonantes. Dentro de la Unión Europea es un caso que destaca, ya que en la mayoría de los países, los alimentos de perfil nutricional claramente insano tienen un IVA superior al de los básicos o los que presentan un mejor perfil nutricional.