La publicidad de alimentos y bebidas no saludables tiene una gran influencia en el consumo de estos productos, que contribuyen, junto a otros factores, a la pandemia de la obesidad infantil —la cual se relaciona, tal como constatan diversos estudios epidemiológicos, con el desarrollo de enfermedades en la edad adulta como, por ejemplo, la leucemia, enfermedad de Hodgkin, cáncer colorrectal y de mama.

Este tipo de publicidad se está regulando de distintas maneras en varios países europeos, que pretenden proteger así el derecho de los niños y niñas a crecer de forma saludable. En España, UNICEF España, la Asociación Española Contra el Cáncer, Justicia Alimentaria -que promovió la campaña “Defiéndeme” a la que están adheridas más de 80 organizaciones- y la Gasol Foundation —fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol cuya misión es prevenir la obesidad infantil— se han unido para continuar insistiendo en la necesidad de adoptar medidas regulatorias que contribuyan afrontar el gran riesgo para la salud, la sostenibilidad y el desarrollo que supone el exceso de peso en los niños, niñas y adolescentes.

La petición coincide con la culminación del trámite de audiencia e información pública del borrador de Real Decreto sobre la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil, en la que se recaban opiniones y aportaciones de interesados del sector.

La actual propuesta española para regular la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, grasas y ácidos grasos saturados dirigida a menores de edad ya ha superado la fase de debate entre la sociedad civil y las entidades interesadas, que hasta el momento se han mostrado, en su gran mayoría, a favor de la regulación.

Actualmente, el Real Decreto, impulsado por el Ministerio de Consumo, está en revisión por parte de los ministerios coproponentes —Ministerio de Sanidad y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030— así como de otros ministerios interesados. Este es un momento clave, en el que se decide si se cumple con la protección de los niños y niñas que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por España en el año 1990.

Actualmente en España está en vigor el Código PAOS (Corregulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas Dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y Salud), que se adoptó por primera vez en 2005, y que no se revisa desde el año 2011. Esta medida depende parcialmente de la autorregulación de la industria alimentaria, que se ha mostrado ineficaz a la hora de evitar la publicidad y el márquetin de productos alimenticios y bebidas no saludables hacia los niños y niñas.

Una oportunidad para liderar con el ejemplo

De esta manera, la regulación que está a debate actualmente brinda una oportunidad clave para que España lidere la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en línea con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil que se presentó el pasado mes de junio, y que recoge esta medida, entre las más de 200 propuestas para reducir el exceso de peso de los niños, niñas y adolescentes en un 25% en los próximos 8 años. En España, 1 de cada 3 menores de edad, de entre 8 y 16 años, sufre sobrepeso u obesidad, según elestudio PASOS de la Gasol Foundation.

“La publicidad de alimentos y bebidas no saludables afecta especialmente a los niños y niñas, que son más vulnerables, a nivel cognitivo, ante este tipo de estímulos. Los anuncios buscan vincular emocionalmente a los menores; por eso creemos que España debe ser pionera protegiendo los derechos de la infancia con esta regulación”, ha comentado Pau Gasol, presidente de la Gasol Foundation, Embajador de UNICEF España y Defensor Mundial para la Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil de UNICEF.

Por su parte, Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation Europa, ha subrayado que, entre las limitaciones del decreto, destaca la falta de un sistema de evaluación específico sobre la efectividad de las medidas adoptadas: “creemos que es necesario que la regulación considere una evaluación externa por parte de un organismo neutral, así como posibles sanciones, para que la reducción de la publicidad que llega a los niños y niñas sea efectiva”.

En este sentido, el informe de UNICEF España y la Gasol Foundation Malnutrición, obesidad infantil y derechos de la infancia, de 2019, ya realizaba una serie de recomendaciones concretas para los sectores público y privado respecto a regulación, como establecer un etiquetado sencillo, visible y fácilmente legible en la parte frontal de los productos que informe adecuadamente de su calidad basados en perfiles nutricionales; o presentar de forma atractiva los productos saludables para orientar la elección a través del diseño, la variedad del surtido, la comercialización y las políticas de precio.

Ana Fernández Marcos, directora de Incidencia Política y Social de la Asociación Española Contra el Cáncer, señala la vinculación de la obesidad como factor riesgo de cáncer “Por eso es tan importante trabajar en todas las medidas que ayuden a crear entornos promotores de salud que protejan a los niños y las niñas frente a las desigualdades que están en la raíz de este problema. En España, se estima en un 6% los casos de cáncer en adultos atribuibles al exceso de peso”.

La propuesta de regulación seguiría el Modelo de Perfil Nutricional (NPM, por sus siglas en inglés) que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que determina qué alimentos y bebidas se pueden publicitar a personas menores de edad según a qué categoría o tipo de alimento pertenece cada producto. Además, se propone que dicha regulación esté controlada por el Gobierno -lo cual sustituiría a la actual corregulación con la industria-, y que podría imponer multas a las empresas que no la cumplan.

Así pues, el Real Decreto puede suponer un antes y un después en la vida de los niños y niñas españoles. Dicha regulación es una necesidad imperante si se quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en los que la obesidad infantil interfiere directamente en 14 de ellos), la Convención sobre los Derechos del Niño y el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil; contribuyendo así a la transformación del entorno obesogénico que hoy en día facilita el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras problemáticas psicosociales que lastran el pleno desarrollo de los niños y niñas.