En el estudio se ha cuantificado, mediante pruebas reales, la diferencia de emisiones de un vehículo ligero y otro pesado circulando por una carretera en mal estado y, posteriormente, por la misma vía tras ser repavimentada.

Los ensayos, llevados a cabo en un tramo de 46 kilómetros de longitud, confirman que, en el caso del vehículo ligero, las emisiones de CO2 disminuyen una media del 3,5% al transitar por un asfalto bien conservado, llegando al 4% de reducción para el vehículo pesado.

Si el pavimento presenta un deterioro estructural importante (grietas en las rodadas, baches, deformaciones, agrietamiento grueso, desintegraciones graves…), los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más de CO2 y un 6% los pesados. Si el deterioro es superficial (agrietamiento fino, desintegraciones ligeras, descarnaduras, exudaciones…), las emisiones se incrementan un 5% y un 4% para cada tipo de vehículo.

La Asociación Española de la Carretera, en su última auditoría del estado de conservación de las infraestructuras viarias de España (2018), estimaba que unos 53.500 kilómetros de carreteras en España (el 53% del total) presentan deterioros estructurales y superficiales importantes en el pavimento. Repavimentar estas vías durante los próximos 10 años (lo que exigiría una inversión de 330 millones de euros anuales) reduciría las emisiones de CO2 un 6%, el equivalente a lo que absorberían 120 estadios de fútbol llenos de pinos durante una década.

A mayor deterioro, más consumo de combustible

Una carretera mal conservada es una carretera en la que se dispara el consumo de combustible.

El estudio de la AEC cifra en cerca de 600 millones los litros que cada año se consumen de más como consecuencia del deterioro del asfalto.

Circular por una carretera en mal estado también compromete la seguridad, desgasta los neumáticos (del entorno del 3% más los ligeros, y el 2% los pesados) y puede provocar otros daños en el vehículo.

Por todo ello, desde la Asociación Española de la Carretera se hace un llamamiento a la necesidad y la urgencia de actuar en la mejora de la red viaria. De lo contrario, los objetivos climáticos a los que se ha comprometido el Gobierno, que pasan por reducir las emisiones del transporte un 32% hasta 2030, serán papel mojado.