En esa respuesta, el Gobierno ha recordado que las sanciones en materia de tráfico se establecen por norma con rango de ley y, en ese sentido, las Cortes Generales ostentan y ejercen la potestad legislativa del Estado y, en consecuencia, la modificación del régimen sancionador en materia de tráfico.

El Gobierno ha indicado que la finalidad de las sanciones no tiene propósito recaudatorio, sino un ánimo disciplinario de la circulación vial vinculado fundamentalmente a la seguridad del tráfico y salvaguarda de la vida e integridad física de todos los usuarios de las vías, así como de disuasión a los conductores de una conducta de riesgo para sus vidas y la vida del resto de usuarios de las vías.

En su texto, el Ejecutivo ha destacado además que los factures concurrentes más frecuentes de la siniestralidad vial en las vías interurbanas en 2023 fueron conducción distraída, alcohol y velocidad.

En cuanto a las medidas para reducir la siniestralidad, el Gobierno ha recordado que el pasado mes de abril puso en marcha un plan de choque. Asimismo, se han incorporado 150 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; 95 nuevos puntos fijos de control de velocidad; y una mayor intensidad de los controles preventivos de alcohol y drogas, especialmente en las autopistas y autovías de las comunidades autónomas con mayor incremento en el numero de víctimas mortales, prestando especial atención a los tramos y momentos del día más peligrosos.

Anualmente, Tráfico pone en marcha una campaña de control y vigilancia para reducir el uso de dispositivos electrónicos y telefonía móvil al volante, entre otras. "Dicho esfuerzo de control y vigilancia sobre las distracciones en los últimos años se ha visto recompensado con una bajada de siete puntos en su presencia como factor recurrente de la siniestralidad en las vías interurbanas, al menos, durante el primer semestre del 2024, pasando del 33 al 26%.