La reforma también abre la puerta a elevar el límite de velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autopista, al introducir en el cuadro de sanciones por excesos de velocidad este nuevo límite, aunque este nuevo límite de velocidad no se materializará hasta que se lleve a cabo otra reforma, la del Reglamento General de Circulación, que el Gobierno prevé aprobar para primavera.
El Ministro del Interior ha afirmado que aunque "el cuadro de sanciones tiene que estar establecido por ley", la legislación no modificará los límites de velocidad, sino que lo hará el código de circulación. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha calificado de "importante" la reforma, ha indicado que el Gobierno ha pedido la consulta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal.
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor para principios de 2014, según señaló en verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Otras de las novedades de la reforma es la regulación de los controles de drogas. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.
Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso. Hasta ahora, los detectores de radar se permitían, lo que estaba prohibido era los inhibidores de radar. La diferencia entre ambos es que los segundos interfieren con la señal del radar para que este no detecte la velocidad a la que se conduce.
No obstante, probablemente la reforma que más polémica ha causado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas, actualmente es sólo obligatorio en carretera, lo que ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos.
El anteproyecto de la reforma incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad "en cualquier caso para los menores de 18 años", aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.