AEA planteó este recurso en defensa de los "legítimos" derechos de millones de conductores afectados ya que, en su opinión, la normativa aprobada por el Gobierno, que acortaba los plazos de inspección, no se basaba en ninguna razón de seguridad víal y obligaba a millones de personas a tener que realizar anticipadamente una nueva inspección y pagar dos veces por un servicio "innecesario".
Así, por ejemplo, un vehículo de diez a los que con motivo del estado de alarma no hubiera podido pasar la ITV el 21 mayo, tendría la posibilidad de pasarla hasta el 17 de diciembre. Si se aplicaran los plazos habituales, la siguiente inspección tendría que pasarla en diciembre de 2021. Sin embargo, con la nueva norma ese coche tendría que pesar la siguiente inspección en mayo de 2021.
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha reivindicado que hasta ahora la normativa establecía que el plazo de validez de las inspecciones técnicas se obtenía sumando a la fecha de la última inspección favorable la frecuencia que corresponda a la antigüedad y el tipo de vehículo.
"Los cambios efectuados por Sanidad no contribuyen en nada a mejorar el medio ambiente ni la seguridad vial y solo obedecen a razones económicas al tener la finalidad de garantizar el cobro de unas tasas dejadas de percibir cuando las ITV estuvieron cerradas", ha lamentado Arnaldo.
