Esta anulación parcial supone que, en caso de que las tres sentencias dictadas por el tribunal sean firmes, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo.
El proyecto anterior, puesto en marcha por Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de Madrid entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
Esa solicitud fue desestimada por la Sección Segunda de los Contencioso del Tribunas Superior de Justicia de Madrid, que ahora ha dictado tres sentencias en las que estima parcialmente los recursos presentados por la Comunidad, el Grupo Popular del Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal.
Así, a petición de la Comunidad, los magistrados anulan parcialmente por defectos formales la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el consistorio de Manuela Carmena el 5 de octubre de 2018, debido a la omisión del trámite de información pública, un requisito esencial.
