El objetivo de esta iniciativa es superar esa cuantía para los lesionados más graves. DIA considera que el actual baremo deja en situación de vulnerabilidad a quienes requieran gastos mayores, como vehículos adaptados o desplazamientos en transporte público, como taxis.

El jueves 27 de julio de 2017 Ronis quedó en estado vegetativo tras ser aplastado por la carga del camión con el que trabajaba. Como otras víctimas de accidentes de tráfico, aguarda una compensación económica que, probablemente, no le bastará para sufragar los gastos que requiere su movilidad.

Un repaso por Internet y por los diferentes modelos de sillas eléctricas, coches adaptados y otros medios que necesitan los lesionados para normalizar su vida arroja cifras que apenas puede cubrir los 60.000 euros de indemnización que prevé el baremo vigente.

Porque, además, a esos gastos habría que añadir los de la adaptación de la vivienda a su minusvalía.

Solo un coche adaptado tiene un coste mínimo de 30.000 euros y una silla eléctrica puede oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros.

La asociación de víctimas de tráfico DIA ha promovido una campaña para que se reforme el actual baremo de indemnizaciones en siniestros al volante. Su objetivo es superar esos 60.000 euros para los lesionados más graves.

DIA considera que el actual baremo resulta insuficiente y deja en situación de vulnerabilidad a quienes requieran gastos mayores, como vehículos adaptados o desplazamientos constantes en transporte público, como taxis.

Las víctimas que han sufrido daños cerebrales y no pueden conducir, tienen que desplazarse en taxi y a sus gastos de movilidad habría que sumar costes de acompañamiento, ya sea por parte de familiares o personal sanitario.

Son labores inherentes y que, por tanto, deberían incluirse en la indemnización, a juicio de DIA.

Esta asociación quiere presentar en el Congreso de los Diputados su iniciativa para reformar el artículo 119 de la ley que reformó el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

De momento, y a la espera de que se constituyan las nuevas Cortes, la propuesta de DIA ya cuenta con algún apoyo, como el de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC).

Su presidente, Manuel Castellanos, lo tiene claro y asegura que la existencia de un límite económico para reparar los daños "colisiona con el espíritu" del propio baremo, que pregona compensarlos en su totalidad.

Castellanos insiste en que los abogados de las víctimas están en contra de cualquier tope de dinero y se muestra partidario de que en cada caso se indemnice según las lesiones acreditadas por el afectado para garantizar una vida como la que tenía antes del accidente.