Más de 60 entidades feministas han elaborado un manifiesto bajo el título ‘Impacto de Género Ya’, donde proponen 20 medidas al Congreso que mejorarían el impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que se tengan en cuenta en su futura tramitación.

El documento que recuerda que, según el informe de impacto de género que se presenta junto con los PGE, estas cuentas tienen un impacto alto en el 22% de los programas y el 11% de los presupuestos; un impacto medio en el 33% de los programas y el 61% de los presupuestos; un impacto bajo en el 45% de los programas y el 25% de los presupuestos; y ninguno en el 8% de los programas y el 3% del gasto.

Además, si se analiza solo el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), son más de dos tercios de la inversión los que se destinan a la transformación verde (39%) y digital (29%), en detrimento de las políticas sociales y de igualdad de género, como salud (1,5%), educación (2,4%) y nueva economía de los ciudadanos (3,6%).

Este es el motivo por el que las entidades feministas hacen una llamada a Hacienda para que desglose por sexo el Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Del mismo modo, quieren que se elabore una estadística pública anual del registro retributivo de empresas, que se incluye en el decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También piden que se equipare a las empleadas del hogar en la protección por desempleo y que el gobierno elimine de manera prudencial prestaciones como la Renta Activa de Inserción (RAI).

Otra solución al problema es la creación, en 2022, de 200.000 empleos públicos en sanidad, educación de 0 a 3 años y atención a la dependencia, con el fin de sustituir trabajo no pagado de cuidados.

Además, buscan reducir la jornada laboral general a 35 horas semanales, y que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) asegure la compatibilidad de procedimientos y prestaciones con los subsidios de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, las entidades reclaman personal público estable para las políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género, para lo que quieren que se duplique en dotación y oferta de empleo público ágil la plantilla del Ministerio de Igualdad.

Además, pretenden mantener los contratos realizados para la Covid-19, como el inicio del reforzamiento de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales con un millón de empleados adicionales de aquí a 2030.

Finalmente, denuncian que los PGE para Sanidad solo contemplan el enfoque de género en dos epígrafes. Por todo ello, llaman, además, a incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria hasta que se alcancen los 120 millones de euros.

Entre estas ayudas se incluyen partidas destinadas a la salud sexual y reproductiva, violencia de género y protección y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas, además de la creación de una Oficina de Cooperación Feminista acorde con la Política Exterior Feminista a la que se refieren los actuales PGE.