La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género entró en vigor en 2005, haciendo de España un país pionero en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, un debate actual, acontecido 16 años después, pone en peligro su eficacia.

Las organizaciones feministas que forman la Alianza contra el Borrado de las Mujeres advierten del riesgo que supone la intención del Gobierno de sustituir jurídicamente el sexo registral de las personas por el género sentido por cada una de ellas.

El término sexo que hace referencia a la condición biológica e inmutable de cada persona, mientras que el de género engloba los estereotipos y mandatos impuestos a cada sexo.

De este modo, la misma Ley Integral de Violencia de Género dejaría de proteger a las mujeres. Se tata de un debate que lleva un tiempo en los entornos feministas, pero que se ha popularizado con la tramitación de la conocida como Ley Trans, donde se incluyó la autodeterminación de género.

Esta autodeterminación implica que una persona pueda modificar su nombre y su sexo en el DNI con el único requisito de su voluntad expresa, sin ser diagnosticado por un psiquiatra de disforia de género.

De esta manera, si el género sustituye al sexo, las mujeres dejarían de ser el sujeto jurídico de la Ley Integral de Violencia de Género, porque pasaría a incluir también a los varones que afirmen sentirse mujeres.

En España, con la aprobación de esta ley, es común utilizar el término violencia de género para hablar de esta lacra, pero, en realidad, solo incluye a la violencia que sufren las mujeres por parte de una pareja o expareja.

En este sentido, los conceptos de violencia contra las mujeres o violencia machista son más recientes. Para Borrado de las Mujeres, la expresión más correcta para aclarar a qué se refiere la conocida como violencia de género, sería “violencia masculina contra las mujeres”, porque aclara quién la ejerce y quién la sufre.