Así consta en la 'Guía de criterios para la aplicación de la Ley Integral' que se ha presentado durante el VI Congreso del Observatorio, en la que advierte además de que no deben equipararse las denuncias falsas con el alto número de absoluciones, y archivos, consecuencia muchas veces de la dificultad de demostrar los hechos. 

El documento plantea la necesidad de que la Ley Integral recoja como formas de violencia contra la mujer otros delitos como traficar o favorecer la inmigración clandestina para la explotación sexual, el aborto y esterilizaciones forzosos u obligar a prestarse a actos de carácter sexual. 

Con esta "Guía", que ha sido presentada en el Senado por la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, junto a magistrados miembros del grupo de expertos en esta materia en el CGPJ, la institución pretende unificar la forma en que los juzgados tratan y protegen a las víctimas para que sea igual en todo el territorio. 

Se hace eco así de las últimas reformas legislativas, incluyendo los nuevos tipos penales como son también el acoso, el "sexting" o sexteo (envío de texto o imágenes de contenido sexual a través de dispositivos electrónicos o del teléfono móvil), los matrimonios forzados o la mutilación genital.