La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha destacado que, por cuarto año consecutivo, se aprecia una tendencia a la disminución en el número de víctimas mortales por violencia machista.

"Estamos ante un problema terrible que tiene sus raíces en una discriminación histórica", ha asegurado Hernández, quien se muestra convencida de que si todo el mundo trabaja de forma coordinada, con rigor y perseverancia, se pueden conseguir resultados.

El actual Gobierno ha considerado la lucha contra la violencia machista como "una política de Estado", a la que este año ha destinado 23,7 millones de euros, y en la que ha trabajado en colaboración con las comunidades y las asociaciones.

"La lucha contra la violencia machista no debe ser una cuestión partidista, sino que todo conduce a que, gobierne quien gobierne, tiene que ser una política de Estado, que hay que desarrollar contando con los demás", ha aserverado.

Ante la propuesta de pacto de Estado para acabar con esta lacra lanzada por el PSOE, Hernández indica que la aprobación de la ley integral de violencia de género de 2004 ya simbolizó "una suerte de acuerdo de Estado".En respuesta a las críticas de la oposición y de las asociaciones de mujeres por los recortes presupuestarios para combatir este problema, que cifran en un 20%, señala que no ha habido "ni un euro menos para ningún recurso destinado a ninguna mujer".

Las asociaciones de mujeres han reclamado la dotación de medios adecuados para poner en marcha todas las medidas incluidas en la ley integral, entre ellas, la especialización de los agentes que intervienen en la atención de las víctimas.

Entre otras iniciativas, el Gobierno anunció una profunda renovación del protocolo de valoración de riesgo de las víctimas de violencia machista con el objetivo de incluir datos más precisos para mejorar la protección de estas mujeres, como amenazas en redes sociales u otras circunstancias personales que pudieran condicionar su vulnerabilidad.

Otra novedad ha sido la incorporación de una pestaña específica para que las víctimas de la violencia machista puedan denunciar cualquier incidencia o delito a través de la aplicación para móviles Alertcops, el servicio de alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos del Estado.

Esta nueva herramienta para mejorar la protección de la víctima facilita a la Policía su localización para poder acudir en su caso de forma inmediata al lugar de los hechos. Y se ha puesto en marcha un paquete de reformas legislativas para combatir la violencia machista que abarcan desde las medidas de protección de los menores a la asistencia jurídica previa a la interposición de la demanda por parte de la víctima y la reforma del Código Civil para que no puedan heredar las personas que han atentado contra la vida de su cónyuge.

A lo largo de esta legislatura, se ha consolidado el rechazo social, la concienciación y la implicación en la lucha contra la violencia machista, que cada vez aglutina a un mayor número de instituciones, agentes y personas, según la delegada. Al mismo tiempo, "va ganando peso un concepto amplio de violencia contra la mujer por razón de género", que incluye la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Este año se ha cerrado con récord de llamadas al servicio telefónico de atención a víctimas de malos tratos 016 y han aumentado, por segundo ejercicio consecutivo, el número de denuncias de las víctimas desde el año 2009.

También se ha puesto sobre la mesa el problema de la población joven, que cada vez más sufre situaciones de control y de violencia en sus relaciones de pareja, muchas veces, a través de las redes sociales. El Ejecutivo ha reforzado el estudio de esta materia y la difusión de la información, a través de un portal de Internet, con el objetivo de enfrentarse a ella "de la manera más atinada posible".