De esas mujeres, sólo 12 alcanzan el nivel de riesgo extremo, y pueden contar con escolta. En riesgo alto o medio están más de 3.000, a quienes se aplica algún tipo de vigilancia o control telemático. Y en el resto de los casos, más de un 90%, el riesgo es bajo o inapreciable.

En el caso de Zaragoza, a pesar de las amenazas explícitas de su expareja, incomprensiblemente no se apreció riesgo alguno. La ex pareja de Soraya vivía a más de 400 kilómetros de distancia. Uno de los motivos por los que se determinó que era suficiente con una orden de alejamiento de 500 metros desde el pasado 5 de febrero.

Otro motivo es que la policía no encontró la pistola con la que Soraya dijo que la había amenazado. El pasado domingo se encontraba su cuerpo junto al de su ex pareja, que  suicidó tras matarla.

Ella había puesto una denuncia en comisaría y había rellenado el formulario de 25 preguntas mediante el que un programa informático determinó que su nivel de riesgo era “no apreciado”. Un nivel que apenas incluye medidas de protección.

Una vez que la policía evalúa el nivel de riesgo con esta herramienta, es el juez el que puede solicitar un análisis más exhaustivo a una unidad de valoración de riesgo. El problema es que sólo 22 de las 50 provincias españolas cuentan con una de estas unidades y Zaragoza no es una de ellas.

A día de hoy son 11 las mujeres asesinadas por sus parejas en 2016. En cuatro casos había denuncia previa. El Ministerio del Interior tiene en marcha una modificación del protocolo que eliminará el nivel 0 de riesgo no apreciado, por lo que aumentarán las  medidas de control.