A pesar de que en los últimos ejercicios el I+D+i ha aumentado ligeramente, hasta superar los 14.000 millones de euros anuales, sigue estancado en el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que está muy lejos de la media europea.
Sin embargo, este reto de Pedro Duque, ministro desde que en junio de 2018 se hiciera efectiva la moción de censura contra Mariano Rajoy, va a tener que resolverse sin las competencias de Universidades, puesto que se han desprendido recientemente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Esta es una mala noticia para la comunidad científica ya que gran parte de la investigación española se realiza en las universidades y porque desde hace ya varios años uno de los principales retos, tanto de la economía como de la ciencia, es conseguir la transferencia de la investigación universitaria a la sociedad con el objetivo de que el conocimiento científico se convierta en un valor productivo que genere riqueza.
Por parte de los socialistas, en las elecciones generales se comprometieron a aumentar de forma progresiva la inversión pública y a estimular la participación privada hasta conseguir, al final de la presente legislatura, que esa inversión ronde el 2 por ciento del PIB.
Otro de los retos del Ministerio es la recuperación de docentes e investigadores a través de un plan estratégico de retorno, con el aumento de la inversión en proyectos de investigación y facilitando la contratación de investigadores a cargo de ellos.
Por lo que, el reto de Duque vuelve a ser alcanzar un gran pacto de Estado que implique a las principales formaciones políticas y sectores para aumentar paulatinamente el gasto en I+D+i y reducir la brecha que cada vez distancia más a España de los países que más dinero destinan a la investigación; además de conseguir horizontes de estabilidad presupuestaria más largos y de potenciar el porcentaje de mujeres que trabajan en el ámbito de la investigación.
