La película ‘Doce hombres sin piedad’ (1957) encendió la mecha que impulsó a Ofelia Tejerina a dedicarse al mundo de la justicia. Y su hermano, informático, fue el encargado de descubrirle el sector tecnológico, que al final se convirtió en su vocación. Fue de las primeras en tener un reloj inteligente con SMS y ahora defiende vivir solo con la tecnología necesaria. Por eso no ha contratado una red WIFI en su domicilio hasta que empezó la pandemia.
Tejerina, doctora en Derecho Constitucional, está especializada en tecnología de la información y las comunicaciones. Su trayectoria le ha llevado a presidir la Asociación de Internautas, surgida en 1998 para defender los intereses de los usuarios de internet frente a las grandes compañías tecnológicas, proveedores o empresas informáticas, y es miembro del Comité de expertos de Levanta la cabeza. También forma parte de los 18 expertos que asesoran al Gobierno para elaborar la Carta de los Derechos Digitales.
¿Qué objetivos os habéis planteado reflejar en la Carta de Derechos Digitales?
Queremos que sea algo más que una declaración de intenciones, que plantee garantías y sirva de base para futuras legislaciones sobre el mundo digital. Esto no significa que haya que aprobar nuevos derechos, esa no es la idea. Lo que pretendemos es focalizar sobre las garantías necesarias en este entorno digital para que en el futuro las legislaciones, de forma transversal, lo tengan en cuenta como algo natural.
Ya habéis celebrado la reunión de constitución y el próximo 7 de julio tenéis el siguiente encuentro…
Sí, en la siguiente reunión tenemos que ponernos de acuerdo para crear una estructura organizativa eficiente. En 2017, cuando nos constituyeron como expertos, éramos 7 y teníamos un borrador de Libro Blanco sobre derechos digitales, pero nunca se presentó porque se produjo la moción de censura y cambió el Gobierno. Lo bueno de este grupo es que nadie puede estar en contra de lo que estamos trabajando. Ahora, además, tiene representación el mundo de la asociación, hay juristas, informáticos, tecnólogos… También vamos a plantear dos consultas abiertas para fomentar la participación ciudadana y se va a contar con la opinión de diferentes expertos que no forman parte del grupo asesor. Esperamos tener a finales de diciembre el documento.
¿Crees que el Gobierno debería haber actuado antes para proteger a los ciudadanos en este entorno digital?
Empecé en 2001 a tratar esto y ya venía de antes. Vamos tan tarde en todo… A pesar de estar relegados, tenemos un potencial impresionante de expertos en ciberseguridad, juristas, técnicos, científicos de datos… Tenemos un elenco muy potente e interesado que lleva muchísimos años estudiando estos temas. Una explicación sobre por qué vamos tan tarde es que estamos muy ocupados. Hay desconocimiento, empezamos a delegar, se dan prioridades a otros aspectos… Es un poco la suma de todo.
En esta ‘nueva normalidad’ tenemos aplicaciones para absolutamente todo. De hecho, el rastreo planetario del coronavirus está en marcha. ¿Cómo sabemos si cumplen la legalidad vigente?
Una fórmula sencilla es una reflexión inicial: ¿Para qué me descargo esta aplicación? ¿qué utilidades tiene? ¿cuál es su finalidad? ¿qué datos me está pidiendo? Muchas veces el problema de la privacidad está en el diseño. Nos piden demasiados datos, datos excesivos y eso es ilegal. Hay un principio básico de la privacidad que es la minimización de datos, el principio de oposición: yo te doy ahora mis datos, pero te los quito cuando yo quiera. Puedo entender que es una tortura ponerte a leer 250 párrafos sobre privacidad cuando te descargas una aplicación, pero es hacerse unas preguntas sencillas: ¿Qué me vas a dar? ¿para qué vas a utilizar mis datos? Te doy mis datos cuando quiera y si digo que no, tú no los puedes utilizar.
En este caso, ¿cómo pueden ir de la mano seguridad y privacidad?
Tiene que haber un equilibrio. El otro día asistí a un seminario que hablaba del falso dilema entre la privacidad y seguridad, entre la salud y la privacidad. Ahora te venden la aplicación de rastreo de la COVID-19 como que si no la tienes, te vas a morir. Pero es que no es una vacuna. Te venden que van a ser súper escrupulosos con la privacidad y la primera aplicación que se planteó ponía expresamente que querían controlar si cambiabas de comunidad. Y eso ya es geolocalización del ciudadano. Se tienen que cumplir unos parámetros muy estrictos legales que ya existen. Por lo tanto, la seguridad y privacidad se pueden cumplir, pero tiene que haber un equilibrio. En determinadas circunstancias tenemos que ser generosos y compartir esa privacidad, por ejemplo en mi comportamiento como ciudadano de calle o como individuo que circula por el territorio español. Tengo que compartir para que se pueda hacer un rastreo y entender cómo se puede mover la pandemia. Eso puede ser muy interesante, pero se puede hacer de forma anónima sin necesidad de que sepan que yo soy Ofelia Tejerina. La clave está en la disociación de información, minimización de datos y proporcionalidad. Son criterios muy básicos y sencillos.
El reconocimiento facial también ha sido una de las soluciones establecidas para minimizar los riesgos de contagio. ¿Dónde se encuentra en esta situación nuestra protección de datos?
Precisamente la Agencia de Protección de Datos acaba de publicar una guía sobre las distintas técnicas de reconocimiento facial y dónde están los límites. La finalidad última siempre es identificar al individuo de forma individual e inequívoca. Cuantos más puntos de esa fisionomía se puedan detectar y almacenar, más invasivo será el sistema. Creo que la identificación facial tiene el reto de la proporcionalidad. Es muy cómodo, muy moderno y vende mucho, pero hay que saber para qué necesito yo esa identificación facial. La legislación es muy clara en cuanto a la protección de datos. Tenemos un reto muy importante para entender qué significa la proporcionalidad en determinados casos. No es lo mismo hablar de seguridad nacional, de seguridad pública, que el reconocimiento para entrar en una biblioteca. Para mí hay un abismo entre una funcionalidad y otra.
También has escrito sobre la desinformación en internet ¿Qué amenazas están representando las noticias falsas durante este estado de alarma?
Nos hemos encontrado en una situación de emergencia en la que, como he leído, se intenta reparar un avión en pleno vuelo y eso dificulta mucho las cosas. Hay que entender que no siempre es fácil dar la información correcta cuando estamos en una situación de inmediatez, pero también es verdad que hay una responsabilidad que tenemos que exigir como ciudadanos. Agradecería que los expertos me hablasen de responsabilidades legales, de qué es la veracidad, de qué significa una información contrastable, quiénes son los responsables legales que me ayudan a contrastar, dónde puedo yo contrastar… Nunca hemos tenido tanta información en las redes y yo como ciudadana quiero tener la libertad de contrastar esa información. Por otra parte, también nos enfrentamos a otro tema muy grave que es cuando los Gobiernos crean las fake news, cuando un presidente de EE. UU. nos dice “bebed lejía”. Hay también muchos políticos y también empresas que se aprovechan de eso y utilizan esa desinformación para manipular y desacreditar la imagen de otra empresa o persona.
