Cada vez que usamos nuestros teléfonos, un gran número de empresas desconocidas para los usuarios reciben información personal sobre nuestros intereses, hábitos y comportamientos. Su objetivo, principalmente, es ofrecer la publicidad que, según nuestros datos, las empresas consideren que encaja mejor con nuestros intereses.
Las apps de citas Tinder y Grindr aparecen entre las diez aplicaciones analizadas en un informe noruego que concluye que el mercado publicitario tecnológico está “fuera de control” por la forma en la que procesa y comparte la información de sus usuarios.
El estudio lleva la firma del Norwegian Consumer Council, una organización dependiente del Gobierno noruego, creada para proteger los intereses de los consumidores.
El informe ha analizado los datos de diez aplicaciones móviles que, según sus autores, restan representativas, por su volumen de tráfico y descarga, de lo que ocurre en el resto de la industria.
Entre ellas aparece Grindr, una app dirigida a hombres homosexuales o bisexuales que les permite localizar y comunicarse con otros hombres gays o bisexuales. Según el análisis de este organismo noruego, Grindr comparte información detallada de sus usuarios, la mayoría a través de MoPub, una empresa propiedad de Twitter, a las grandes compañías publicitarias del sector. Además, estas firmas se reservan el derecho de compartir la información que recopilan con gran número de socios.
El estudio concluye que, a pesar de que la nueva ley de protección de datos de la UE lleva 20 meses en vigor, los consumidores siguen siendo espiados a través de su actividad online sin que haya forma de que ellos sepan qué organizaciones procesan sus datos y cómo pararlas.
El informe detalla también otros casos, como el de la app de citas Tinder, que comparte la posición GPS del usuario y su “género objetivo” con varias compañías, que además comparten su perfil con otras empresas publicitarias.
El Norwegian Consumer Council pide a la industria del marketing digital y la publicidad tecnológica que introduzca en sus prácticas los cambios necesarios para cumplir con la legislación europea y para asegurarse de que respeta los derechos y libertades de los usuarios.