La mitad de los españoles está desinformados sobre los planes de movilidad sostenible del Gobierno
Así, el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible puede reiniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que entre en vigor antes de finalizar el año, de acuerdo con el nuevo compromiso que el Gobierno ha contraído con Bruselas.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se vuelve a empezar el proceso tomando como punto de partida el texto que ya se tramitó en el Parlamento el año pasado.
La razón fundamental son los plazos comprometidos con Bruselas de que el texto entre en vigor antes del próximo 31 de diciembre y, por tanto, es "un hito" que España debe cumplir y que, además, va vinculado a la recepción de fondos de recuperación, transformación y resiliencia, ha agregado.
Puente ha defendido la importancia de reactivar una iniciativa legislativa tan necesaria para lograr una movilidad sana, sostenible y segura que permitirá disponer de las herramientas para continuar el proceso de descarbonización y digitalización del sistema de transportes, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte.
La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.
Movilidad como un derecho social
Por primera vez, la ley reconocerá
Para garantizar la cooperación de las administraciones, la futura norma instaurará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. La nueva redacción del proyecto de ley, al igual que la anterior, no impone peajes por el uso de las autovías, lo que ya se había pactado con la Comisión Europea a cambio de que se incentive el uso del tren en el tráfico de mercancías, aunque define un marco que permite a los municipios establecer peajes en sus áreas de influencia.
El proyecto no cuantifica el objetivo de transporte de mercancías por tren pero actualmente en sí aspira a acercarse a la media europea del 10 %, seis puntos por encima de la tasa española, la más baja de la UE. Para ello, Puente ha destacado proyectos como la ampliación del puerto de Valencia, que permitirá que sus tres terminales estén conectadas por tren.
También ha defendido la necesidad de mejorar las conexiones interfronterizas, especialmente con Francia, para que las mercancías españolas puedan llegar al norte de Europa con más facilidad por lo que ha apelado al gobierno a la colaboración para acelerar la construcción de estas infraestructuras.
Planes sostenibles en las empresas
Movilidad sostenible en el trabajo: la nueva ley introduce, asimismo, la obligación de que las empresas, incluidas las del sector público, dispongan, en el plazo de 24 meses desde su entrada en vigor, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 500 trabajadores o 250 por turno.
Estos planes deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos del sector.
Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.
También se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo. Esta medida está en línea con los principios abordados en la Negociación Colectiva Verde, promovida por el Ministerio de Trabajo durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.