Si esta norma finalmente se aprueba, es probable que los peatones cuando salgan a la calle a correr o acudan a bodas o fiestas populares en las que se consume habitualmente alcohol, puedan ser multados y sometidos a un control de alcoholemia o drogas, si en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente o cometen una infracción.
Lo mismo ocurriría para personas que toman habitualmente medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo de Estado, sólo "podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas".
El Consejo de Estado ha pedido a la DGT que reconsidere el texto ya que lo consideran "insostenible", pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañado "por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones".
Los cambios de límites de velocidad en las diferentes vías es otro de los temas más aludidos por el Consejo de Estado. El organismo señala que la DGT no ha calculado los gastos de nueva señalización y que no ha documentado algunas de las cifras que presenta y que relacionan la velocidad con la siniestralidad en ciertas vías.
En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas, el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porque "invade las competencias de las Entidades Locales" y apunta que, de llevarse a cabo esta norma, será "objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos". Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al considerar que podría "colapsar" la circulación de las ciudades.
Entre las principales razones por las que el organismo no aconseja a la DGT modificar los cambios de velocidad es "porque la ciudadanía no los ha demandado", así como que el paso de 100km/h a 90km/h en carreteras convencionales y de 90km/h a, en muchos casos, 50km/h en la red secundaria "ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España".
Del mismo modo, pone en duda la ejecución de los aumentos de velocidad en autopista a 130km/h, en circunstancias especiales, y que, según el texto, se señalizará en los paneles con mensaje variable. El Consejo de Estado cuestiona "las posibilidades que tienen los conductores para probar que cuando circulaban a 130km/h en autopista lo hacían en cumplimiento de la norma fijada en un panel".
Entre toda esta polémica, la DGT considera que se han malinterpretado las palabras y que las informaciones no son el todo ciertas. De hecho, la DGT ha señalado que estos límites de velocidad para peatones que se incluyen en el proyecto de Reglamento de Circulación se refieren a personas que arrastren o guíen vehículos, como una moto cogida del manillar o un vehículo de tracción animal.
Además, han añadido que en el caso de que alguien circule por la acera o por el arcén guiando un vehículo deberá hacer al paso de los peatones y no corriendo, pero "en ningún caso se va a multar a nadie por hacer 'running' o por ir corriendo con un carrito de bebé".
La DGT ha explicado que el objetivo del texto es que se sometan a test de alcoholemia y droga aquellos peatones "que estén implicados en accidentes", no los que estén cerca de un suceso, tal y como critica el Consejo de Estado. "Si hay alguien en una boda cerca de un accidente no tienen que hacer test de nada", han explicado.
En cuanto a la reducción de velocidad en ciudades, la DGT ha indicado que se habla de "calles concretas" con un solo carril, donde los vehículos pasen cerca de las aceras y para facilitar la circulación de bicis y peatones. "Son las recomendaciones de los organismos internacionales para este tipo de vías", han destacado.