Fue en 2005 cuando Naciones Unidas declaró el tercer domingo de noviembre como "Día mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico", como explica la subdirectora general de Formación y Educación Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), María Lidón Lozano.
Lozano recuerda el "inmenso dolor y angustia" de millones de personas en el mundo a causa de los accidentes, que se acrecienta porque muchas de las víctimas son jóvenes, porque muchos de esos siniestros pudieron evitarse y porque "la respuesta es a menudo inadecuada e incomprendida".
Para atender a los afectados por la accidentalidad, la DGT creó en 2012 las unidades de coordinación en materia de víctimas de accidentes de tráfico (UVAT) en todas las jefaturas provinciales para paliar la victimización, velar por sus derechos y facilitarles el acceso a los recursos que precisen.
Desde 2013, con estas oficinas ya en marcha, se ha atendido de forma directa a más de 80.000 víctimas, según los datos facilitados por Lozano.
Contra la "violencia vial" quieren luchar el ministro del Interior,Fernando Grande-Marlaska, que ya ha recibido a las asociaciones de víctimas, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, que han puesto sobre la mesa ya un paquete de medidas para que la sangría en las carreteras no vaya a más.
Pero mientras se materializan -entre ellas la rebaja del límite máximo de velocidad a 90 km/h en las carreteras convencionales o la retirada de 6 puntos por usar el móvil al volante-, las asociaciones siguen clamando por algunas medidas que llevan 30 años reivindicando.
Satisfechas por la voluntad de Navarro de ponerlas en el centro de las políticas viales, como señala a Efe la directora de la Asociación de Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), Mar Cogollos, las víctimas creen que los más de 300.000 muertos en las carreteras en España y el más de millón de heridos graves contabilizados desde que se tienen estadísticas, lo merecen.
Para ir poniendo fin a ese goteo constante de muertes, Cogollos apuesta por la creación de una agencia interministerial que integre a todos los ministerios implicados, desde Interior a Fomento, pasando por Educación o Sanidad, porque las competencias están muy dispersas y no todo lo puede hacer la DGT.
Y pide que "de una vez por todas, dejemos de llenarnos la boca con la educación vial" y se incluya en el Pacto por la Educación como asignatura transversal", a la vez que considera necesario que la formación teórica en las autoescuelas sea obligatoria.
Junto a ello, Cogollos plantea un aumento significativo de los agentes de la Guardia Civil, porque ante su presencia, que nadie se engañe, "los conductores bajan la velocidad". Mientras, apuesta por un mayor control de las policías locales del uso del móvil al volante.
Cogollos cree que 30 años después, esas tres reivindicaciones no habría ya ni que plantearlas, e insiste en la necesidad de mejorar la atención a las víctimas con su inclusión en las oficinas para víctimas de los juzgados o con la presencia de un psicólogo para ellas en las urgencias de los hospitales.
Mientras, el presidente de la asociación DIA, Francisco Canes, añade a las tres históricas demandas la necesidad de abordar la respuesta penal a las imprudencias para que no haya impunidad, sobre todo cuando el alcohol, las drogas o la velocidad están en la causa del accidente.
La debacle que supuso la reforma del Código Penal de 2015 al sacar algunos delitos para tipificarlos como faltas administrativas, ha tenido como consecuencia, según Canes, que el 90 % de las imprudencias queden prácticamente impunes.
Canes apuesta por un reforma del carné por puntos, por más vigilancia para que la ley "no sea papel mojado" y por cambios en la los exámenes de conducir para adaptarlos a la nueva movilidad, con los vehículos eléctricos cada vez más en auge.
Desde Stop Accidentes, su presidenta, Ana Novella, también aboga por modificar el Código Penal para, entre otras cosas, endurecer las penas por abandono del lugar del accidente en caso de que haya habido fallecidos, algo que el Congreso está ya debatiendo sin que se haya consensuado aún un texto definitivo.
Novella ha lamentado que en muchas ocasiones se haya "politizado" el drama humano de los accidentes de tráfico y ha reiterado la necesidad de incluir a estas víctimas en las oficinas judiciales de atención.
Partidaria de las medidas anunciadas por la DGT, Novella recuerda que "se está matando a gente por mandar un emoticono". "Enviar una cara sonriente puede matar a alguien", avisa.