La industria automovilística en España atraviesa un momento de elevada preocupación social y económica. Según el estudio Percepción general de la sociedad española sobre la industria de la automoción, realizado por la Fundación Renault Group España junto a beBartlet y Cluster 17, una muestra de más de 1.800 personas en abril revela que más del 70 % de los españoles está a favor de impulsar un Pacto de Estado por la automoción. Además, el 77 % suscribiría un acuerdo entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos para garantizar la continuidad de la producción y la supervivencia del sector, con solo un 10 % en desacuerdo y un 9 % que no sabe o no responde.
En palabras de Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault en España, estos datos evidencian “una demanda clara” de la sociedad para que los partidos políticos alcancen consensos amplios, incluso en comunidades gobernadas por formaciones distintas al Ejecutivo nacional. Este apoyo ciudadano surge en un contexto de crisis del sector, marcado por retos globales como la transición hacia la electrificación, la modernización de fábricas, la competencia internacional y la necesidad de innovación tecnológica.
Percepción de gravedad y preocupación económica
El estudio muestra que el 55 % de los españoles considera que la industria automotriz en España se encuentra en una situación “grave” o “muy grave” (11 %). Este pesimismo es especialmente acusado entre votantes del PNV (74 %), Vox (70 %) y PP (61 %), mientras que los seguidores de PSOE (40 %) y Sumar (45 %) muestran menor sensación de crisis. Los votantes de ERC (53 %) tienden a ver los problemas como transitorios.
La inquietud económica es alta: tres de cada cuatro ciudadanos (74 %) declara estar “muy o bastante preocupado” por el impacto de una crisis en el sector sobre la economía nacional y local. Solo un 4 % afirma no estar preocupado en absoluto. Este sentimiento refuerza la urgencia de adoptar medidas que mitiguen el riesgo de deslocalizaciones, pérdida de empleos y debilitamiento de la industria auxiliar.
Empleo y beneficios locales de la automoción
La vinculación entre fábricas de automóviles y dinamismo económico en cada comunidad es otro hallazgo destacado: cuatro de cada cinco encuestados subraya el impacto positivo de estas plantas en términos de generación de empleo (78 %) y actividad de la industria auxiliar (58 %). Otros beneficios percibidos incluyen la creación de riqueza (42 %), el impulso a la innovación tecnológica (38 %) y la contribución a la economía circular (32 %).
Estos datos apuntan a una doble dimensión: por un lado, la importancia de mantener las líneas de producción activas para sostener empleos directos e indirectos; por otro, la oportunidad de aprovechar la automoción como motor de innovación en sectores colaterales (componentes, digitalización, energías renovables, reciclaje de materiales) que fortalezcan la resiliencia económica regional.
Transición ecológica: incentivos a la movilidad eléctrica
La mayoría de la población estima que el Estado debería incrementar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos (VE). Sin embargo, existen diferencias por edad: el 61 % de los jóvenes de 25 a 34 años apoya con vehemencia estas medidas, mientras que en el tramo de 35 a 69 años hay un 43 % en contra. Esta división refleja, por una parte, la sensibilidad ambiental y apertura de generaciones más jóvenes hacia la movilidad sostenible; por otra, la cautela o reticencia de franjas de edad que pueden valorar costes de adquisición o cambios en hábitos de uso.
Este hallazgo implica que un Pacto de Estado por la automoción debe incluir estrategias de comunicación y formación ciudadana que expliquen los beneficios a largo plazo de la electromovilidad, así como programas de ayuda adaptados a distintos perfiles (particulares, flotas, empresas, autónomos) para acelerar la adopción sin generar desaliento entre colectivos más reacios.
El valor simbólico y práctico del Pacto de Estado
La alta aceptación de un Pacto de Estado se define por su doble vertiente:
- Valor simbólico, al mostrar unidad política y social frente a un sector estratégico que trasciende colores y gobiernos autonómicos.
- Valor práctico, al coordinar políticas industriales, fiscales, energéticas y de innovación para respaldar la competitividad global, garantizar inversiones en fábricas, facilitar la reconversión tecnológica y proteger el empleo local.
Ignacio Rodríguez-Solano advierte que muchas comunidades con fabricantes apoyan con mayor fuerza estos acuerdos, ya que dependen directamente del tejido automovilístico. Un pacto permitiría, por ejemplo, planificar apoyos en investigación y desarrollo de baterías, software para vehículos conectados, formación de trabajadores en nuevas tecnologías y adaptación de la cadena de suministro a normas medioambientales europeas.
Retos del sector: globalización y electrificación
La automoción mundial se enfrenta a transformaciones profundas:
- Electrificación creciente, impulsada por regulaciones de la Unión Europea y compromisos climáticos, exige invertir en nuevas líneas de montaje y en el suministro de baterías y componentes electrónicos.
- Digitalización y conducción autónoma, incidiendo en la fabricación de sensores, conectividad y software, con oportunidades de desarrollo en el sector TIC.
- Competencia internacional, tanto de mercados emergentes con costes bajos como de grandes fabricantes tradicionales que modernizan sus plantas.
- Presiones de sostenibilidad, incluida la economía circular para el reciclaje de metales y plásticos, y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena de valor.
Estos desafíos refuerzan la necesidad de un enfoque colectivo: sin un marco estable y coordinado, las inversiones pueden posponerse o migrar a otros países con incentivos más claros, poniendo en riesgo la base industrial española.
Propuestas y ámbitos de actuación
El Pacto de Estado que reclama la ciudadanía podría incluir medidas como:
1.Líneas de financiacióny subvenciones para modernizar plantas hacia la fabricación de vehículos eléctricos y componentes avanzados.
2.Programas de formación y recualificación de la mano de obra para ocupar puestos en nuevas tecnologías (mantenimiento de VE, software embarcado, gestión de baterías, sistemas de recarga).
3.Incentivos fiscales y ayudas directas a consumidores para la adquisición de vehículos con bajas emisiones, incluyendo flotas y vehículos industriales ligeros.
4.Colaboración con la industria auxiliar (proveedores de piezas, servicios de recambio, reciclaje) para reforzar la cadena de valor nacional y la economía circular.
5.Políticas de movilidad urbana que integren infraestructura de recarga, planes de transporte integrado y gestión inteligente del tráfico para maximizar la eficiencia de los nuevos vehículos.
6.Fomento de la I+D+i en baterías, materiales ligeros, hidrógeno u otras alternativas energéticas, con centros tecnológicos y colaboración público-privada.
7.Coordinación entre administraciones (central, autonómicas y locales) para evitar solapamientos, agilizar trámites y ofrecer estabilidad normativa a los inversores.
El estudio de la Fundación Renault Group España confirma que, en un momento de transformación acelerada, la sociedad española demanda un Pacto de Estado que dé respuesta conjunta a la crisis del sector automovilístico. Con más del 70 % de respaldo, esta petición se presenta como un mandato ciudadano para los actores políticos: diseñar y ejecutar un plan de acción integral que garantice el futuro de la industria, proteja el empleo, promueva la transición ecológica y refuerce la competitividad global de España en un mercado automovilístico en pleno cambio.
Solo mediante un compromiso coordinado y políticas estables, adaptadas a las realidades regionales y a los retos tecnológicos, será posible asegurar que la automoción siga siendo un pilar clave de la economía española y una fuente de innovación y bienestar para las comunidades.
