Así lo detalla la Fiscalía General del Estado en su memoria anual correspondiente al año 2017, aunque añade, la variación de estos datos "es tenue" y no hace si no confirmar la estabilidad de ambos indicadores en la serie interanual.
A pesar de este aumento del 1,3% de condenas y el descenso de acusaciones en un 4%, desde la Fiscalía insisten en la "más que aceptable asunción de los escritos del Ministerio Fiscal en el ámbito de los delitos viales.
Si los datos de las sentencias condenatorias se complementaran con otras resoluciones definitivas se podría afirmar que la práctica totalidad de los procedimientos incoados por delitos viales en España se resuelven "con absoluta rapidez y con cifras estimadas muy cercanas a la igualdad entre asuntos ingresados y resueltos".
Lo que en palabras de la Fiscalía, dice "mucho de la celeridad de la respuesta penal en este tipo de delincuencia".
Por otro lado, desde el punto de vista territorial, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana encabezan la lista de sentencias condenatorias por delitos viales.
Cataluña registra un total de 14.377 condenas, seguida de Andalucía con 14.233, Madrid con 10.650, Comunidad Valenciana con 10.290, mientras otras regiones como Galicia e Islas Canarias, que serían las siguientes en esta lista, presentan un menor número con 5.646 y 4.244 respectivamente.
La estadística de procedimientos judiciales de 2017 también revela que un 32 % de todas las condenas impuestas el pasado año fue por delitos contra la seguridad, es decir, que un tercio de la actividad judicial se despliega en este área.
Otro dato que destaca la memoria anual es que cuatro de cada cinco acusaciones por estos delitos se formulan por los trámites de las llamadas diligencias urgentes de juicio rápido, lo que afirma, apuntan, que las respuestas punitivas en España se producen de manera "inmediata" y "eficaz".
Así, apuntan que de las sentencias condenatorias, un 90% lo fueron de conformidad, lo que ha permitido en este sentido la ejecución inmediata de las 55.890 penas de privación del derecho a conducir y 2.075 pérdidas de vigencia del carne que hubo en 2017.
En el resto, se han impuesto algo más de 53.000 penas estimadas de multa y 24.494 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.