Esta iniciativa prevé que los conductores reincidentes en alcohol y drogas, es decir, los que hayan cometido dos o más infracciones de este tipo en menos de dos años, sean remitidos a las autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un problema de abuso o dependencia de esas sustancias antes de recuperar la vigencia de su carné.

Serrano se ha referido a estas dos medidas tras subrayar que en 2016 en España se hicieron cerca de 4,5 millones de pruebas de alcohol y el 1,5 % de ellas fueron positivas, lo que supone una tasa ligeramente inferior a la media de la UE, pero esto no debe llevar a "bajar la guardia".

Por eso se acaba de decidir que se hará "un esfuerzo en el presupuesto" para que en 2018 todas las patrullas de Tráfico tengan medios para detectar el consumo de alcohol y drogas, ya que ahora cuentan con estos aparatos los vehículos de cuatro ruedas y algunas patrullas motorizadas.

"La intención es que todos los guardias civiles de Tráfico estén en disposición siempre de hacer pruebas de alcohol y drogas allí donde estén, con el objetivo de ser más dinámicos", ha explicado.

También se pretende "acabar con la irresponsabilidad que supone el avisar de controles de alcohol y drogas entre conductores y de esa manera hacer controles mucho más dinámicos que hagan cada vez más difícil este aviso irresponsable que pone en peligro la vida de muchos ciudadanos".

En cuanto a la segunda medida, Serrano ha precisado que el protocolo que anunció el ministro Zoido en mayo para los conductores reincidentes en consumo de sustancias prohibidas "está finalizado y las jefaturas de Tráfico están en disposición de empezar a aplicarlo", ya que solo falta ajustarlo con las comunidades autónomas, que son las competentes para atender a los afectados.

Ahora se está viendo la capacidad de las consejerías de sanidad para abarcar todos los casos que les derivará la DGT, y cuando se concreten las cifras se comenzará a aplicar "para ponérselo mucho más difícil" a esos infractores.