Según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta las doce de la noche de día 31 de enero, un total de 75 personas han perdido la vida en los 67 accidentes mortales registrados en las carreteras, mientras que el mes de enero del año pasado la cifra fue de 90 fallecidos y 79 siniestros.
De hecho, ningún mes de 2016 dejó una cifra tan baja de víctimas mortales. En mayo murieron 82 personas, el mes con menos siniestralidad, seguido de febrero y diciembre, con 84 fallecidos cada uno y de abril, con 87.
Así, el pasado año perdieron la vida 1.160 personas -datos provisionales de fallecidos en las primeras 24 horas del accidente- y, excepto mayo, septiembre y noviembre, todos los meses de 2016 concluyeron con más muertes que el ejercicio anterior.
Un aumento de la siniestralidad que ha roto la curva descendente tras más de una década de descensos y que ha motivado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, tomen medidas de inmediato.
Precisamente, Zoido ha trazado las primeras líneas maestras de la política de seguridad vial con el objetivo de atajar la subida de la siniestralidad con la puesta en marcha de quince medidas "urgentes" que se suman a otras ya establecidas en las últimas semanas.
Soluciones que pasan por colocar más radares fijos y cámaras contra los excesos de velocidad o el control del uso del cinturón, además de la colocación de bandas sonoras y en relieve en tramos peligrosos de vías secundarias, la revisión de los tramos para adelantar o la elaboración de un censo de puntos negros.
La estrategia de la DGT pasa por iniciativas a corto plazo como estas, pero, sobre todo, por una revisión "profunda", en palabras del ministro, de la normativa, desde la ley de Seguridad Vial hasta el reglamento de circulación o, incluso, el carné por puntos, sin olvidar la puesta en marcha de planes estatales para las bicicletas y de la formación en los colegios.
Y todo, según expuso Zoido, con la meta de alcanzar un pacto de Estado duradero sobre la seguridad vial, que cuente con el mayor consenso político posible, y en el que estén implicados y participen otros ministerios y administraciones, además de sectores y colectivos con intereses en esta materia.