Así lo ha manifestado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en el Senado, donde ha dejado claro que el Gobierno no está dispuesto a "negociar el tráfico a cambio de vidas humanas" y que su determinación es colocar a las víctimas en el centro de la política de la seguridad vial.
También ha lamentado el incremento del número de fallecidos en las carreteras en los últimos cuatro años, lo que ha colocado a España en la octava posición en la Unión Europea cuando hace poco estaba en cuarto lugar.
Para el ministro, unas modificaciones puntuales de la Ley de Tráfico son "más realistas, operativas y eficaces" que una reforma integral.
De esta forma, Interior afrontará una actualización del carné por puntos, que ya ha cumplido doce años, e incidirá en las distracciones al volante, primera causa de los accidentes mortales, por delante de la velocidad y el alcohol.
Y en este sentido, tal y como adelantó la semana pasada el director de Tráfico, Pere Navarro, se planteará un aumento de los puntos retirados por el uso del teléfono móvil al volante, especialmente el WhatsApp.
El ministro ha explicado que se propondrá también reducir de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras convencionales o secundarias con arcén de 1,5 metros, a fin de homologar a España con los países de referencia de la UE.
Interior ya está actualizando el plan de seguridad para las motos del 2008 e impulsará medidas específicas de atención a los colectivos más vulnerables -peatones, ciclistas y motoristas-, que en 2016, según ha recordado Marlaska, representaron ya el 48 % del total de los fallecidos en accidente de circulación.
Grande-Marlaska ha aventurado que probablemente este año los fallecidos de este colectivo superarán por primera vez a los muertos en vehículos sobre cuatro ruedas.
"Este dato nos obliga a otorgar una atención especial a los colectivos vulnerables, fomentando la formación vial en todos los ámbitos, sociales y educativos", ha enfatizado.