Cuando Pere Navarro se hizo cargo por segunda vez de la Dirección General de Tráfico (DGT), los datos de la siniestralidad vial empezaban a dibujar una línea ascendente: la distracción estaba presente en uno de cada tres accidentes, debido fundamentalmente al uso del móvil y, sobre todo, del WhatsApp.

También se observaba un cambio significativo en la movilidad de las ciudades, con una presencia cada vez mayor de la bicicleta y la irrupción del patinete. En suma, usuarios vulnerables en las vías que abrían un debate sobre la reducción de los límites de velocidad en las calles y sobre la regulación de los nuevos medios de desplazamiento.

Los responsables de Tráfico se pusieron manos a la obra para diseñar medidas que también incluyeran una revisión del carné por puntos, un proyecto que dio muy buenos resultados pero que con más de doce años de vida necesitaba una reforma.

Sin embargo, la mayoría no se han podido poner aún en marcha, aunque alguna sí, como la reducción a 90 km/h de la velocidad máxima en las carreteras convencionales, en las que desde el pasado 29 de enero no se puede superar ese límite.

A la espera de nuevo gobierno también está el proyecto de elevar de 3 a 6 los puntos de penalización por usar el teléfono móvil cuando se conduce. Una medida incluida en la reforma del carné por puntos que ya ha pasado por los trámites previos.

La DGT ha plasmado sus propuestas en un anteproyecto de ley que modifica puntualmente la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y un proyecto de orden ministerial para regular los cursos de recuperación de puntos.

Así, la reforma prevé permitir a los conductores infractores recuperar 8 puntos en lugar de los 6 actuales si superan el curso de sensibilización y reeducación vial, y revisar las infracciones que detraen puntos.

De este modo, además de los 6 que se quitarían por el uso del móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad, el casco o la "sillita" se penalizarían con 4, y sobrepasar en 20 kilómetros por hora (km/h) la velocidad máxima en las carreteras convencionales, con 2. Lo demás, quedaría como ahora.

Y para mejorar el comportamiento de los conductores, Tráfico quiere compensar a los que superen los cursos de sensibilización y reeducación y aumentar de 6 a 8 el número de los que se pueden recuperar.

Esta modificación de la ley abrirá la posibilidad de que los cursos de conducción segura, que han ganado prestigio con el tiempo, puedan servir para recuperar o bonificar con dos puntos de saldo.

Obligar a los aspirantes a conductor a asistir a un número determinado de clases teóricas -ahora no es preceptivo-, es otra de las medidas que esperan al desbloqueo político.

Para entonces también puede estar concluido el plan de seguridad para las motos, que podría obligar a sus conductores a usar guantes.

Y para las ciudades, la DGT ha elaborado un borrador del real decreto de medidas urbanas de tráfico, que deberá servir de base a los ayuntamientos para su propia regulación.

El texto, que modificará el Reglamento General de Circulación, propone que el límite genérico de velocidad en vías urbanas sea de 20 km/h en las calles que dispongan de plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en las de un único carril por sentido de circulación, y de 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.

De todos modos, los ayuntamientos podrán rebajar las velocidades genéricas previa señalización y, excepcionalmente, aumentarla en las vías de un único carril por sentido hasta un máximo de 50 km/h también señalizado.

Respecto a los patinetes eléctricos, la idea es impedir que circulen por la acera y establecer una velocidad máxima para ellos de 25 km/h. A sus usuarios no se les exigiría un permiso de conducción, pero sí tendrían que someterse a controles de alcohol y drogas, como el resto de conductores.

Todo ello se incluiría en una normativa de ámbito estatal, que posteriormente podrá ser ampliada por los ayuntamientos.