La iniciativa, lanzada en 2017 por el PP en el Congreso y que contó con un importante apoyo, llega al pleno de la Cámara Alta sin nuevas enmiendas y, con la mayoría absoluta de los populares, es improbable que haya cambios.
El objetivo es devolver a la vía penal algunas infracciones que la reforma del Código Penal de 2015 había sacado de esta ley.
Las penas por las imprudencias al volante, en especial las relacionadas con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas, se agravarán, y será delito el abandono del lugar del accidente por parte de conductor que lo haya causado.
La proposición también establece que la muerte de varios ciclistas o peatones pase a estar penado con hasta nueve años de prisión en lugar de cuatro. Esta medida nace de la petición de Anna González, que tras perder a su marido atropellado mientras montaba en bicicleta, inició la campaña #porunaleyjusta para conseguir que se endureciera la pena impuesta a los conductores que arrollen a ciclistas.
Finalmente, las imprudencias menos graves al volante con resultado de lesiones leves, según el texto, pasarán a castigarse por la vía penal y no por la administrativa como hasta ahora.