Con la finalidad de logar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los niveles fijados por la Unión Europea antes de diciembre de 2020. Los vehículos de más de 20 años, matriculados antes de 1997, no podrán circular en Barcelona y en 40 de los municipios que rodean a la ciudad condal, a partir del 1 de enero de 2019.
Esta medida se ha tomado en el marco de la cumbre que ha celebrado la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y representantes locales de los municipios, donde se han comprometido a disminuir un 30% las emisiones del tráfico antes de 15 años, y un 10% en los próximos cinco años.
La restricción afectará a furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y turismos anteriores al 1 de enero de 1997.
La Generalitat se ha comprometido a facilitar la flexibilidad horaria de su personal durante los episodios ambientales de hora punta y estudia una serie de medidas que entrarán en vigor antes del 1 de julio de este año. Entre ellas, destaca un protocolo para detallar las acciones, los mecanismos de activación para reforzar el transporte público, la implantación de un título de transporte específico para captar nuevos viajeros en episodios de contaminación, y los canales de comunicación y coordinación de las instituciones implicadas.
Las medidas beneficiarán a 4,3 millones de personas de cuatro comarcas catalanas del Ámbito-40 que incluye Barcelonés, el Baix de Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.
El transporte público será uno de los puntos más importantes a tratar, el cual pretenden reforzar para que la restricción tenga el mínimo impacto en la vida de los ciudadanos.
"Nuestro transporte público tiene mucha capacidad, pero en horas punta va muy cargado", ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. Por ello, el Departamento de Gobernación propondrá un nuevo horario de entrada y salida de los trabajadores públicos para evitar aglomeraciones.
También, la cumbre ha aprobado la creación de la "T-episodi movilitat" para facilitar la accesibilidad al transporte público y la tarjeta "T-verde" para las personas que decidan deshacerse de sus vehículos antiguos, a los que se les concederá tres años de transporte público gratuitos.
Otra de las medidas, es la creación de ayudas y bonificaciones para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos, los cuales dispondrán de mayor presencia de puntos de recarga eléctrica.