El plan denominado de 'Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas' y que trasladarán en breve a las administraciones abarca dos ámbitos: el que afecta a las ciudades, con un presupuesto de 7.400 millones para generar 236.000 empleos, y otro interurbano, con un presupuesto de 24.700 millones que emplearía a 800.000 trabajadores.
El presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, ha descrito el panorama del sector como "muy preocupante y en crisis desde 2010" y ha precisado que el plan que auspicia la AEC es "una oportunidad cierta de recuperación económica que puede absorber empleo" de los sectores más afectados por la crisis (hostelería, ocio, turismo o comercio).
Lazcano ha insistido en que la AEC preconiza que se establezca una tasa por uso de las autovías españolas para vehículos ligeros y pesados "como ocurre en otros países europeos". Ha opinado que "es el momento de abordar este asunto con urgencia, desde la perspectiva de que el que contamina, paga".
Las mediadas previstas en el plan para el ámbito interurbano incluye, para las carreteras convencionales, la dotación de un carril adicional de manera alterna (carreteras 2+1), sistemas de contención para consecuencias menos graves de los accidentes y actuaciones en tramos de especial peligrosidad, este último para 4.000 kilómetros y 2.400 millones de inversión.
También prevé inversiones por 8.200 millones para volver a pavimentar 90.000 kilómetros de vías (carreteras verdes) para un menor consumo y otros 8.000 millones para adaptarlas a la movilidad conectada y autónoma.
Por otro lado, además, prevé la instalación de puntos de recarga con energía solar, con un primer escenario de dos postes en todas las estaciones de servicio, con una dotación de 1.190 millones, y una segunda opción "deseable" con un poste instalado por cada 50 kilómetros.
El plan incluye el diseño de itinerarios preferentes para mercancías en 900 municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes y actuaciones en una red de movilidad en la España vaciada, que afectaría a 6.827 municipios.
En el ámbito urbano, el sector viario cree necesaria la ampliación de aceras y la peatonalización para municipios de más de 50.000 habitantes, la construcción de carriles segregados para bicicletas o patinetes, con 3.300 kilómetros de trazado (solo en Madrid añadiría 100 kilómetros) y una redistribución de los estacionamientos con aparcamientos disuasorios para ciudades de más de 100.000 habitantes.
El plan en este ámbito señala actuaciones para crear áreas libres de emisiones, un despliegue masivo de puntos de recarga de hasta 5 millones de postes instalados en 2030 y la construcción de vías exclusivas para el transporte público, con 1.800 kilómetros de nuevos carriles.
