El Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) se encuentran en negociaciones con responsables del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) con el objetivo de solucionar, antes de final de año, el posible despido de los científicos a los que los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, ha puesto en "serio peligro".

Actualmente, a falta de un acuerdo oficial, sólo se podrían ver comprometidos entre cinco o seis investigadores de ambos centros, inicialmente, cinco de ellos son del CNIO, cuya situación laboral difiere de la del resto. Sin embargo, la intención desde el Gobierno es "trabajar para que no se tenga que despedir a nadie".

De hecho, se reafirman al señalar que su objetivo es salvar a todo el personal afectado y, por este motivo, se está "viendo caso por caso", con el objetivo de poder arreglar esta situación antes de final de año. Asimismo, señalan que, actualmente, "se está trabajando para una mayor estabilización de todos investigadores".

"Trabajamos para sacar medidas que les den estabilidad en la próxima Ley General de Presupuestos del Estados 2018", añaden desde la Secretaría de Estado. Con el objetivo de que se pueda reducir completamente la lista de despedidos, concluyen con la esperanza de que "la próxima semana" se pueda comunicar que "no se producirá baja alguna".

Esta situación se produce tras los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, y en particular en su disposición adicional 34, que explícitamente señala que todos los centros de la Administración General del Estado que hagan contratos que incurran en fraude de ley serán responsables los gerentes o encargados de recursos humanos.

Los gerentes del CNIC y del CNIO consideraron que no estaban amparados por la ley a la hora de enlazar contratos de los investigadores, por lo que se paralizaron. Aunque la Ley de la Ciencia (2011) inicialmente parecía amparar a los investigadores y gerentes, ya establece excepciones para las contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación.

Tratando de darles mayor seguridad en octubre se aprovechó un Real Decreto Ley de Empleo donde se incluía en el artículo de la Ley de la Ciencia a Consorcios, Fundaciones y todos los agentes Ejecutores de I+D+i. No obstante, dichas modificaciones no han terminado de convencer a los responsables de ambos centros, quienes consideraron que seguía sin ser una solución que diera "estabilidad" a la su plantilla.