El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 21 de enero, la declaración de emergencia climática y se compromete a adoptar 30 líneas de acción ambiental prioritarias. De ellas, cinco comenzarían a aplicarse en los primeros 100 días para combatir el cambio climático y generar la confianza necesaria con la que poder abordar las dificultades de las zonas más vulnerables.
Esta declaración incluye introduce medidas transversales para convertir la descarbonización en una oportunidad para crear empleo y reducir las brechas territoriales, ya que uno de los objetivos es contar con una economía preparada.
Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado en una rueda de prensa la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres y que incluirá la participación de los jóvenes.
Además, ha declarado su firme compromiso con esta declaración por "tres razones": por la justicia climática, por el futuro del país que requiere un proyecto ambiental transversal para una transformación inclusiva, y por la responsabilidad frente al desafío del cambio climático.
Por su parte, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha defendido la idea de incentivos fiscales para que el sistema pueda acoger e impulsar la transformación y alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono.
Plan nacional
El objetivo de esta declaración es lograr un futuro más justo y equitativo, en el que se aprovechen las oportunidades de transición ecológica mediante políticas ambientales que pongan al ciudadano en el centro, y en el que no se autoricen nuevas solicitudes de explotación o investigación de hidrocarburos.
Asimismo, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un plan nacional de salud y medio ambiente.
En este contexto, el Gobierno elaborará una estrategia de lucha contra la desertificación y otra en términos forestales, presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la estrategia frente al reto demográfico para facilitar la mejor coordinación entre administraciones, adoptará una estrategia de economía circular, una ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, e impulsará la transformación industrial y del sector servicios.
Se contempla también adoptar una nueva ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de forma urgente.
Por otro lado, antes de 2021 se presentará la estrategia de turismo sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático y establecer el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
