Por su parte, Greenpeace pide que el Gobierno de Japón ponga fin a su programa ballenero de la Antártida de forma definitiva y reabra el caso sobre la venta ilegal de carne de ballena denunciada por la organización ecologista.

Las encuestas muestran que más del 70% de los japoneses no apoya la caza de ballenas y el equipo de Greenpeace en Japón ha expuesto la corrupción que, desde hace años, ha ayudado a mantener el programa de caza comercial de ballenas, realizada bajo el pretexto de la investigación científica. Dos activistas, Junichi Sato y Toru Suzuki, fueron declarados culpables después de demostrar el escándalo de malversación de carne de ballena.

La agencia pesquera de Japón admitió recientemente que cinco de sus funcionarios, que trabajaron como observadores de la flota ballenera, habían aceptado “regalos” de carne de ballena procedentes de esa “caza científica”. 

La organización ecologista ha instado al Gobierno japonés a que no solo investigue el escándalo de la carne de ballena que se expuso hace tres años, sino que también empiece a tomar medidas reales hacia la protección de los océanos.