El rápido avance de la Inteligencia Artificial y la irrupción de su uso en los diferentes ámbitos de la sociedad ha puesto de manifiesto algunos de los efectos adversos que puede provocar la propia tecnología entre los usuarios. Ante esto, la Comisión Europea y Google han acordado comenzar a aplicar unas normas mínimas sobre la utilización de la IA antes de que la legislación sobre este asunto entre en vigor.
Si bien la Unión Europea presentó una propuesta de ley sobre Inteligencia Artificial –la primera de este tipo en todo el mundo–, las instituciones europeas continúan negociando la ley, que no empezaría a aplicarse hasta 2026. Con tal de evitar el salto temporal entre la situación actual y la fecha de la posible aplicación, la Unión Europea y Google han pactado regular la IA entre todos los desarrolladores de esta tecnología, ya sean de la Unión Europea o extracomunitarios.
Así, el consejero delegado de Google y de su matriz Alphabet, Sudar Pichai, se reunió este miércoles en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Era Digital, Margrethe Vestager, y con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para abordar este asunto.
Tras la reunión, Vestager tuiteaba: “Necesitamos la #AIAct [como se conoce a la ley europea sobre Inteligencia Artificial] lo antes posible”. Pero la tecnología de la IA evoluciona de manera extremadamente rápida. Así que necesitamos un acuerdo voluntario sobre reglas universales para la IA. No hay tiempo que perder”.
Por su parte, Breton también anunció el pacto a través de su cuenta de Twitter y añadió: “Esperamos que la tecnología en Europa respete todas nuestras normas sobre protección de datos, seguridad en línea e inteligencia artificial”, en alusión a que es un mercado con reglas.
El Parlamento Europeo aprobó, a principios de este mes, el conjunto de medidas que conformarán la ley de IA. Entre ellas, se incluyen disposiciones para prohibir la tecnología que se aplica en usos de riesgo alto o inaceptable, como el reconocimiento facial o los sistemas de puntuación social gestionados por el gobierno, y para conseguir que el entrenamiento de los modelos de IA respete la legislación de derechos de autor, entre otras cuestiones
