El sistema de información electrónico en vigor garantiza el intercambio "rápido, seguro y confidencial" de los datos de matriculación del vehículo infractor entre los países y "ha tenido un impacto positivo para aplicar las sanciones transfronterizas", según explica en su informe de evaluación de la directiva europea de la directiva de 2015 que facilita la cooperación policial y el intercambio de información sobre las ofensas de tráfico.
Sin embargo dicho sistema no se ha utilizado para aprovechar su pleno potencial, según avisa el Ejecutivo comunitario. También precisa que "el 50% de las infracciones de tráfico detectadas" en otros países de la UE "no se investigaron en 2015" y "el 50% de las sanciones" no se han aplicado por la falta de cooperación y asistencia mutua entre países o porque las decisiones judiciales adoptadas en los Estados miembro en casos de impago de las multas no caen dentro de la aplicación de la decisión comunitaria de 2005.
"Hay una necesidad clara de que los Estados miembro exploten mejor el potencial del sistema para investigar más activamente las infracciones de tráfico cometidas por no residentes", ha concluido el Ejecutivo comunitario en su informe.
Y es que las decisiones sobre multas emitidas por otros Estados miembro sólo se pueden reconocer en la actualidad si las infracciones de tráfico se califican como ofensas penales o si se revisan en el marco de un procedimiento similar al penal.
El Ejecutivo comunitario también ha defendido la posibilidad de incluir en la directiva otras ofensas no cubiertas actualmente como no mantener una distancia de seguridad suficiente respecto al vehículo que va delante, los adelantamientos peligrosos e, incluso, el aparcamiento peligroso o el impago de peajes debido a la mayor utilización de los equipos de control automáticos.
La directiva cubre en la actualidad las ocho ofensas más frecuentes, entre ellas, superar el límite de velocidad, no ponerse el cinturón, conducir ebrio, por utilizar teléfonos u otros dispositivos por el riego de distracción.
El coste de las infracciones cometidas cubiertas por la directiva actual se eleva a unos 10 millones de euros en 2014 ya sea por ciudadanos no residentes o vehículos con matriculación extranjera.
De momento, el Ejecutivo comunitario no ve "necesario" armonizar las normas de tráfico a nivel de la UE para "mejorar la eficacia" de la directiva. A su juicio, "no hay pruebas de un impacto significativo para la seguridad vial o la aplicación de las sanciones transfronterizas" y se vería como "una interferencia injustificada" en la elección de los países.
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca son los países que no están obligados a aplicarla, aunque tienen de plazo hasta mayo de 2017 para sumarse si quieren al sistema.