Se trata de una ley que da vía libre a la caza y a los aprovechamientos forestales e hídricos hasta el año 2020 y que a pesar de que se espera que toda la oposición vote en contra, la ley saldrá previsiblemente adelante gracias a la mayoría del PP en la cámara baja.

La nueva ley, que sustituye a la aprobada en 2007, nunca contó con el beneplácito ni de la oposición ni de los ecologistas por abrir la puerta a actividades turísticas hasta ahora prohibidas, como los vuelos sin motor y la navegación, y por el papel que vuelve a dar al Estado en la gestión de estos espacios, actualmente en manos de las comunidades.

Pero, sin duda,  lo que más ha causado polémica llegó cuando a punto de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas a la ley, el partido Popular incluyó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado la famosa enmienda 278. En ella se daba carácter indefinido a la caza, a la pesca y a los aprovechamientos forestales en el parque.

Las organizaciones ecologistas desde un primer momento advirtieron del "riesgo" que suponía reformar una ley de 2007 que fue "fruto del consenso y del acuerdo general", consideran "inaceptable y una irresponsabilidad" modificar una norma "sin ese consenso" para que los Parques Nacionales "estén sometidos nuevamente al conflicto".

Además, alegan que, por primera vez en los casi cien años de historia de los parques nacionales, un Gobierno promueve una ley para los mismos que "antepone nítidamente el interés particular al colectivo", y "el objetivo de protección de la naturaleza se supedita a las demandas de sectores concretos".

“El texto se pliega claramente a los intereses particulares de grupos de presión e intereses económicos, como demostró el Partido Popular al aprobar la semana pasada en solitario en el Senado la enmienda 278 hecha al dictado de poderosos propietarios de fincas privadas en el Parque Nacional de Cabañeros“, denuncian.