Para la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, esta ley supone una importante medida contra el calentamiento global y tiene la finalidad de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de 1.5 grados, los marcados por el Acuerdo de París.
Nueva Zelanda ya ha sido un país pionero en otras áreas como en el voto femenino o, en el desarme nuclear, y ahora lo es en la cuestión de políticas ambientales.
La ley incluye un Fondo de Inversión Verde, de alrededor de 66 millones de dólares (57 millones de euros), para la inclusión del sector de la agricultura, para el plan de comercio de emisiones, y para la plantación de millones de árboles hasta el 2028.
También suspende la emisión de nuevos permisos para la explotación de hidrocarburos en alta mar y ordena tanto la producción de vehículos eléctricos más baratos, como la generación de electricidad procedente solo de energías renovables y limpias.
Su objetivo es reducir para 2030 un 10% las emisiones de metano biológico de la actividad agrícola con una previsión de la reducción del 14 al 47 por ciento para 2050.
Por su parte, el líder del Partido Nacional, Simon Bridges, ha asegurado que apoya la ley y que su partido introducirá cambios para mejorarla de forma continua para que esté actualizada.
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