En una rueda de prensa, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y Comisiones Obreras han explicado el contenido de sendas propuestas de ley sobre ahorro y uso eficiente de energía, fiscalidad ambiental y movilidad sostenible, elaborados por estas organizaciones.

Piensan que  ahora es el mejor momento de acometer un cambio de modelo energético, en lugar de optar por medidas transitorias y "carentes de ambición" que no solventan el problema de la dependencia energética del país y que, en ocasiones, incluso son "contradictorias" con el fin perseguido.

Tras criticar el modo en cómo se han presentado las medidas por parte del Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo, ha subrayado el escaso papel que el Gobierno está atribuyendo al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) en este asunto.

Sobre la necesidad de "tocar" la fiscalidad, la representante de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha denunciado que algunos beneficios fiscales incluso promueven el derroche energético y ha razonado que sí es posible llegar a una reforma fiscal "neutra".
En este capítulo se propone la creación de tasas al hidrocarburo en el sector de la aviación; aplicar igual tratamiento fiscal al gasóleo que a la gasolina; modular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en función de la eficiencia energética y crear un nuevo impuesto sobre la energía nuclear y sus residuos.

También se apuesta por definir un impuesto sobre la "pernocta", que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, y modificar el impuesto de matriculación y circulación en función de las emisiones de CO2.

En cuanto a la propuesta de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Mar Asunción (WWF) ha subrayado que la iniciativa pretende establecer un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de la energía a nivel nacional de, al menos, un 20% en 2020 con respecto a 2005.

Para su consecución ha citado las auditorías energéticas, sobre todo en las Pymes y en el parque residencial; la obligatoriedad de un alumbrado público eficiente, que los precios reflejen el coste real de la energía y la sustitución de tecnologías obsoletas, entre otros.

La propuesta de movilidad sostenible defiende que el Ministerio de Fomento no destine más de un 50% de su presupuesto a infraestructuras y que el resto lo dedique a la gestión de la movilidad, así como a fomentar el transporte público.