Así lo pone de manifiesto el proyecto de cuentas que el Ejecutivo en el que cifra con un “cero” la ejecución de los 17,1 millones de euros que había previstos el pasado año para el programa PIMA Adapta (Plan de Actuaciones prioritarias en agua, costas y biodiversidad).

España pertenece al grupo de países que han decidido, siguiendo las recomendaciones de los científicos, que las políticas de adaptación al cambio climático estén al mismo nivel que las de mitigación (reducción de gases contaminantes) ya que aunque las emisiones a la atmósfera cesasen hoy, la acumulación de las que ya hay persistirá varios siglos con sus correspondientes impactos.

Entre las consecuencias que los informes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) predicen para España están un avance de la desertización (que podría abarcar el 80 % de la península en la segunda mitad de siglo), descenso del agua dulce disponible, o incremento de la intensidad de temporales y lluvias torrenciales.

Con el fin de prepararse para estos impactos, el Gobierno incluyó por primera vez una partida para la adaptación al calentamiento en 2015 denominada PIMA Adapta: 12,1 millones de euros para 46 actuaciones como la restauración de dunas, marismas y humedales, estabilización de las partes bajas de los estuarios o la reducción de la erosión.Estas medidas de protección frente a impactos se llevaron a cabo “donde los informes nos dicen que hay que actuar”, dijo en su momento la ministra Isabel García Tejerina, y su presupuesto fue ejecutado en su totalidad, según consta en las cuentas públicas.

El PIMA Adapta se mantuvo en las cuentas de 2016, con cinco millones más hasta un total de 17,1, sin embargo el proyecto de presupuestos 2017 asegura que no hubo ejecución de esta partida ni la dota en este ejercicio.Los presupuestos sí contemplan dos transferencias de 3 y 2,5 millones a Comunidades Autónomas, que no se mencionan, para actuaciones enmarcadas en el PIMA Adapta que no se ejecutaron, de las que la partida más alta corresponde a actuaciones en la costa y la más pequeña en los ecosistemas.

Además, hay 2 millones presupuestados para un convenio con la Fundación Biodiversidad destinado a acciones en cambio climático, que no especifica que sean para adaptación.

El Gobierno indica que la financiación a la adaptación procede de los ingresos que recibe de las subastas de derechos de emisión (lo que paga la industria y el sector de la generación eléctrica por contaminar), que en el periodo 2012-16 ascendieron a 1.600 millones.

Vuelve la financiación al IPCC

En el capítulo dedicado al cambio climático en los presupuestos vuelve a aparecer una contribución de 50.000 euros al Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), creado por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial en 1988, como la principal autoridad científica para asesorar a los países en cambio climático.La renovación de la cúpula directiva de este órgano científico en 2016 no incluyó a ningún científico español, ni tampoco ha seleccionado a ninguno para la elaboración de un informe especial sobre los impactos de un aumento de temperatura de 1,5 grados.
En las cuentas también consta que España sigue pagando derechos de emisión por no cumplir los objetivos de reducción de emisiones comprometidos en los llamados sectores difusos que corresponde gestionar al Gobierno (menos gases del transporte, de la agricultura, etc).

En 2017 hay 9 millones presupuestados para compra de derechos de emisión, la misma partida que en 2016 y una cifra menor a los 24 millones que se pagaron en 2015.

La directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz ha lamentado que el Gobierno “no haya ejecutado en 2016 ni presupueste para 2017 las medidas de adaptación al cambio climático en las que está en juego la seguridad ciudadana“.Ruiz espera que los presupuestos ambientales sean modificados en el Parlamento, ya que “tal como están planteados no permiten el cambio de modelo hacia una economía baja en carbono que el país necesita“, y recuerda que la prevención del cambio climático estaba dotada de 166 millones en 2009.

Recorte a la mitad en la lucha contra el cambio climático
El partido verde Equo y organizaciones ecologistas como Greenpeace han criticado que la partida total para actuaciones para la prevención del cambio climático haya caído casi a la mitad, pasando de los 49,5 millones en 2016 a los 27,6.

“Importan los hechos no las palabras y las prioridades políticas se demuestran poniendo recursos”, ha señalado a Efe el diputado de Equo/Podemos, Juan López de Uralde, para quien “reduciendo a la miseria el presupuesto de cambio climático, el Gobierno demuestra hasta que punto ignora este grave problema”.

El portavoz de Equo ha destacado que los recortes en materia de cambio climático son extensibles a otras partidas ambientales, de manera que la ordenación de los recursos hídricos cae un 59,8 %, la de protección del medio ambiente y el medio natural un 10,54 % y un 13,67 % respectivamente, y las de costas un 7,4 %.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que es “un escándalo que las partidas ambientales decrezcan cada año” y ha apuntado que “en un momento en el que hay que invertir con visión estratégica, se apueste por descapitalizar la protección y la educación ambiental“.

Por su parte, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, ha explicado  que no ha habido tal reducción sino que por primera vez se han presupuestado políticas de cambio climático desde otras áreas, como costas, agua o Parques Nacionales, que cuentan con partidas para acciones de adaptación y mitigación, y que esta será la línea que se siga en el futuro.

Además, niega que la partida de adaptación no se ejecutara en 2016, como dice el proyecto de presupuestos, y asegura que al cierre del mismo, el pasado julio, ya se habían empleado 9 millones de los 17,1 previstos.