El informe, que el comité de expertos ha entregado al ministro de Energía, precisa que las infraestructuras pueden tener un impacto positivo en la economía y la igualdad territorial, por lo que podría estar justificado que una parte de la inversión sea financiada con los presupuestos generales del Estado.
El grupo considera que los consumidores de los distintos productos energéticos deberían financiar las infraestructuras asociadas a su consumo, tal y como ocurre en la actualidad con las redes eléctricas y de gas.
En el caso de las infraestructuras viarias, el informe plantea tres opciones: crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo de automoción que permita recuperar las inversiones en la red de carreteras y los costes de mantenimiento; establecer un sistema de "viñetas", como ocurre en otros países europeos, que deberían pagar los propietarios de vehículos por el uso de las vías; o una combinación de ambas.
Según los expertos, la introducción de las "viñetas" sería "imprescindible" a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo.
El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en la construcción y mantenimiento de carreteras.
El comité de expertos propone exenciones fiscales para mitigar el impacto de estos recargos -y de los nuevos impuestos medioambientales que plantea el informe- en colectivos sensibles como los profesionales del transporte o los agricultores.
El documento aboga por sustituir los actuales impuestos energéticos por otros que incluyan los daños medioambientales derivados de la generación y el consumo de energía.
En concreto, plantea dos nuevos impuestos, uno para las emisiones de CO2 y otro para otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas).
Estos recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad y sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo.
Además, los expertos proponen cambiar el mecanismo de financiación de las energías renovables -que ahora recae en la tarifa eléctrica- y sustituirlo por un recargo a todas las fuentes de energía final.
Según los cálculos del comité de sabios, estas medidas abaratarían la factura eléctrica pero encarecerían el gas natural, el butano, la gasolina y, sobre todo, el gasóleo.
En el caso de la electricidad, disminuirían los peajes -la parte regulada del recibo de la luz-, aunque subiría algo el precio mayorista por el impacto del impuesto al CO2.
El director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, ha advertido del efecto negativo que tendría para el sector y las exportaciones españolas una eventual subida de los impuestos que gravan los carburantes.
Valdivia ha avanzado que, si la subida fuera inevitable, el sector exigiría que se aplicase la figura del "gasóleo profesional" para compensar los efectos negativos. El director general de Astic ha recalcado que el sector ya soporta bastantes impuestos -más de 10.000 millones al año- y se ha quejado de que regularmente "se vuelve la vista hacia la carretera" cuando se necesita aumentar la recaudación.
Ha criticado la tentación de "escudarse" en las emisiones de CO2 para justificar una subida impositiva a los carburantes, y ha explicado que los camiones y los autocares sólo representan el 6% de las emisiones de CO2 de Europa, muy lejos de otras actividades como la generación eléctrica.