El sistema de etiquetas medioambientales que clasifica los vehículos en función de su impacto ecológico será objeto de una revisión profunda por parte del Gobierno. Así lo establece una enmienda transaccional incorporada a la futura Ley de Movilidad Sostenible, a propuesta de Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, que establece la inclusión del dióxido de carbono (CO₂)como nuevo criterio adicional en la clasificación de vehículos, junto a los ya existentes.
Actualmente, las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) se dividen en cinco categorías: Cero Emisiones, ECO, C, B y sin distintivo, en función del nivel de emisiones contaminantes. Sin embargo, varios modelos etiquetados como CERO o ECO sí emiten gases contaminantes, lo que ha generado un creciente debate sobre la coherencia y utilidad real de este sistema, especialmente en el contexto del avance tecnológico de los vehículos y de los objetivos climáticos europeos.
Criterios en cuestión
Según la normativa vigente, los vehículos que llevan el distintivo Cero Emisiones incluyen modelos totalmente eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros. Por su parte, la etiqueta ECO se asigna a híbridos enchufables de menor autonomía, híbridos autorrecargables (HEV), mild hybrid (MHEV) y vehículos que funcionan con gas natural (GNC, GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).
Esto significa que muchos coches con etiqueta CERO o ECO pueden seguir emitiendo contaminantes, incluyendo CO₂, a pesar de disfrutar de ventajas fiscales, acceso a zonas de bajas emisiones y otras medidas preferenciales. El desfase entre el etiquetado y la contaminación real ha sido señalado como una deficiencia técnica que puede distorsionar la percepción de sostenibilidad entre los consumidores y afectar negativamente a las políticas públicas de movilidad limpia.
Un estudio en 12 meses
La enmienda ya ha sido incorporada al texto legislativo, y se hará efectiva una vez culmine la tramitación de la ley en Congreso y Senado. El compromiso adquirido por el Ejecutivo incluye la presentación de un informe en un plazo máximo de doce meses, que revise el sistema actual de etiquetado ambiental y proponga modificaciones que incorporen el criterio de emisiones de CO₂ y corrijan las deficiencias en materia de contaminantes.
Este informe será elaborado por un grupo de trabajo interministerial en el que participarán:
- El Ministerio del Interior
- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
- El Ministerio de Industria y Turismo
- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Además, se llevará a cabo una consulta a las comunidades autónomas para recoger su experiencia y propuestas de mejora, dado que muchas de ellas aplican restricciones de movilidad en función de estas etiquetas.
Hacia un etiquetado más realista
El objetivo del nuevo estudio será evaluar si los actuales criterios siguen siendo válidos o requieren una reforma en consonancia con la evolución tecnológica del parque automovilístico, así como con los compromisos climáticos de España y la Unión Europea. Se espera que este trabajo ayude a definir un sistema de clasificación más justo, transparente y eficaz, que refleje con mayor fidelidad el impacto real de los vehículos sobre el medio ambiente.
Esta revisión podría implicar una reorganización del actual sistema de etiquetas, y potencialmente la reclasificación de vehículos que hoy disfrutan de beneficios pero no cumplen con estándares de bajas emisiones según criterios más exigentes.
La reforma, además, se enmarca en el contexto de una creciente preocupación social y política por la calidad del aire, el cambio climático y la justicia ambiental en las ciudades, donde el sistema actual podría estar incentivando comportamientos poco sostenibles bajo una falsa apariencia de eficiencia ecológica.
