La CNMC ha publicado un informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.
Esta norma incluye los requisitos técnicos exigibles para la certificación de los prototipos de las luces de señalización V-16: un dispositivo luminoso amarillo colocado en el techo del vehículo inmovilizado y que sustituirá a los triángulos de emergencia utilizados actualmente con esta finalidad.
¿Qué aporta la reforma a la normativa de los servicios de auxilio en vías públicas?
La reforma normativa al RD 159/2021 permitirá utilizar todos los dispositivos V-16 sin geolocalización hasta el 1 de enero de 2026, siempre que aquellos hubieran obtenido certificación con carácter previo a la publicación del real decreto de referencia.
Flexibiliza la realización de operaciones de reparación de ciertos vehículos en la propia vía.
Y establece controles para verificar la seguridad de estos dispositivos en la fase de prototipos y los resultantes mediante un nuevo certificado de verificación periódica del control de producción de los dispositivos V-16.
La CNMC propone mejorar algunos aspectos
El organismo considera necesario que la regulación garantice el estricto cumplimiento de los requisitos técnicos señalados pero que no prohiba la posibilidad de introducir otras funcionalidades en los dispositivos que, sin poner en riesgo la seguridad, pudieran ser de interés para los usuarios.
En relación al nuevo certificado de verificación periódica del control de la producción de los dispositivos V-16, la CNMC ha defendido que se debe asegurar la salvaguarda de la libertad de prestación de servicios para su certificación.
El último apunte del organismo se refiere a la actividad de certificación requerida, de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, aquella no debe cuestionar la utilización de otras soluciones tecnológicas, siempre que cumplan lo relativo a la efectividad de las comunicaciones y la conectividad de las señales.
A pesar de estas sugerencias, la CNMC ha valorado positivamente el proyecto de real decreto debido a que introduce ajustes técnicos que ofrecerán mayor seguridad jurídica a los operadores de servicios de auxilio, así como mayor flexibilidad para la realización de operaciones de reparación del vehículo en la vía.
