Crea Cultura, el movimiento de Atresmedia enfocado en valorizar la Propiedad Intelectual, y en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, sigue desarrollando acciones encaminadas a reforzar el valor de la creación cultural y la necesidad de protegerla, como el foro “Mecenazgo en la industria cultural”, celebrado en la Feria del Libro de Madrid.

Durante este foro, el director general adjunto del Instituto Francés de España ha definido el sistema de mecenazgo en Francia como “un sistema participativo y social de actores económicos y ciudadanos, basado en proyectos y asociaciones sin ánimo de lucro y de interés general”. Este tipo de mecenazgo se encuentra sujeto a una serie de condiciones, como ha explicado Jean-Paul Lefèvre: “si decido hacer una donación de 200 euros a esta asociación, realmente me cuesta 68 euros, ya que el gobierno francés me concederá una reducción de mis impuestos, del 60% como mecenas.” El mismo mecanismo para empresas que para particulares, con una “reducción del 60% para empresas y del 66% para particulares”.

De la misma forma, “quien realice una donación debe respetar los límites financieros, hasta el 20% de su renta imponible y, además de la reducción fiscal, las contrapartidas están enmarcadas en una relación de 1 a 4, siendo así el 25% el máximo de contrapartidas aceptadas”. Esto se traduce en que, si por ejemplo, una empresa hace una donación de 100.000 euros al comité olímpico, solo podrá aceptar compensaciones del 25%, o sea 25.000 euros. “Por encima de este valor no es mecenazgo, es patrocinio o sponsor y termina la deducción fiscal”.

La Ley de Mecenazgo francesa, aprobada en agosto de 2003, se aplica “en las estructuras y proyectos de interés general que no solo tengan que ver con el ámbito de la cultura, sino también en el de la ciencia, el deporte, la filantropía, el medio ambiente…”, como ha asegurado Lefèvre. “De 2004 a 2018 la cantidad dedicada a la filantropía en Francia se multiplicó por cuatro alcanzando los 4.000 millones de euros y también desde 2003 hubo una multiplicación de fundaciones”, de lo que un 25% se destina a patrimonio y cultura.

Las aportaciones privadas o ciudadanas, no obstante, no deben excluir la inversión del Estado, que tal y como ha señalado director general adjunto del Instituto Francés de España, “gasta alrededor de 10.000 millones de euros al año. Y los municipios y regiones, 7.500 millones”.

Tras escuchar esta situación en nuestro país vecino, Marta Rivera de la Cruz, escritora además de diputada por Ciudadanos, ha tomado la palabra y ha manifestado sentir “envidia de Francia, porque ha conseguido acercar a la población, a la sociedad civil, la defensa del patrimonio.” Por su parte, ha recalcado “el abismo que hay en España”, donde “lo primero que la gente se pregunta es ‘¿qué saca el mecenas?’”, en referencia al caso de Amancio Ortega con las donaciones a la Sanidad Pública.

Reconocimiento social al mecenas

Rivera de la Cruz ha señalado que España se rige actualmente por la ley 49/2002 del 23 de diciembre que “no es una ley de mecenazgo”, puesto que funciona como ordenanza reguladora. Ha declarado la urgencia de “definir el concepto de mecenas, y crear mecanismos, como compensar no solo a través de deducciones; para construir un sistema blindado desde el punto de vista jurídico”. Al mismo tiempo ha subrayado que en estos momentos “no hay en España un tejido como para entender la necesidad de una ley como la de Francia”.

Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación, órgano dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes, ha admitido que España cuenta con un “marco jurídico bastante desconocido.” Por lo que “hace falta dar a conocer lo que ya existe.” A este respecto ha señalado que aunque Francia sea un referente, el marco social no es el mismo. “No tenemos tradición, no hay una valoración suficiente del mecenas en la sociedad. En España se ve más desde la perspectiva de las empresas. Es necesario poner a este en valor, y también a la filantropía como una manera de aportar a la sociedad más allá de las cuestiones fiscales”, ha añadido.

Inminente Ley del Mecenazgo

La directora general de Industrias Culturales y Cooperación ha señalado que en 2017 se creó una unidad de cultura y mecenazgo y que actualmente hay “un potencial importante de desarrollo” para la futura normativa.

A esto, Rivera de la Cruz ha insistido en que “si hemos conseguido que todos los partidos lleven esta ley de mecenazgo en su programa, es más fácil ponernos de acuerdo en la letra pequeña.”

Preguntada por Vicente Vallés sobre los plazos en que podría empezarse a debatir la Ley de mecenazgo, Adriana Moscoso del Prado ha señalado que “este año se ha estado trabajando en avanzar en un borrador de ley y desde septiembre de 2018 tenemos reuniones con el Ministerio de Hacienda, por lo que el objetivo es hacer una propuesta lo antes posible” en cuanto se constituya el Ejecutivo.

Rivera de la Cruz, por su parte, ha declarado la importancia de “concienciar a la sociedad de que todo el mundo puede ser mecenas. Un mecenas no es un señor rico, es cualquier ciudadano que quiera contribuir al progreso de la sociedad a través de la cultura, la ciencia o el deporte”. Algo que, según Jean-Paul Lefèvre, ya ocurre en Francia, donde “el mecenazgo no es solamente una acción de las grandes empresas, el mecenazgo individual es muy fuerte”.

El perfil de donantes en nuestro país se acerca a personas con sueldos de entre 30.000 y 60.000 euros y hacen donaciones en torno a los 150 euros, como recogen los datos aportados por la diputada y escritora, que también ha instado a fomentar el mensaje desde “los medios de comunicación y los colegios”.

Por otra parte, en cuanto a la situación descentralizada que se vive en España frente a la centralidad más característica de Francia; a la hora de llevar a cabo la futura ley, del Prado ha recordado que ya hay legislación al respecto en Navarra o País Vasco.” Por lo que, como subraya Rivera de la Cruz, “una vez hay un marco nacional, es muy posible que las autonomías desarrollen legislación complementaria”.