En un paso crucial hacia la protección de los usuarios digitales, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución exigiendo que los productos y servicios digitales adopten diseños éticos y menos adictivos. Este movimiento se basa en la preocupación creciente sobre la naturaleza adictiva de plataformas como juegos en línea, redes sociales y servicios de transmisión, que explotan las vulnerabilidades de los usuarios para mantenerlos conectados y monetizar sus datos.
Según datos de la ONG Protégeles, que colabora en programas de la Comisión Europea, el 1,5 % de los ciudadanos españoles ya es adicto a las nuevas tecnologías. En el caso de los jóvenes españoles, el 21 % están en riesgo de convertirse en adictos al móvil.
En respuesta a esta creciente preocupación, los eurodiputados están solicitando a la Comisión Europea una evaluación exhaustiva y la prohibición de características perjudiciales como el scroll ilimitado, el inicio automático de juegos y las notificaciones constantes en tiempo real. La propuesta central es la necesidad de que las compañías desarrollen productos y servicios digitales éticos "por defecto", sin patrones opacos ni diseños adictivos.
Por otro lado, la Comisión Europea también está instada a proponer un "derecho digital a no ser molestado". Además, se está promoviendo la divulgación de una lista de buenas prácticas como "pensar antes de compartir", desactivar notificaciones por defecto y el bloqueo automático del servicio después de un tiempo de uso.
Los jóvenes, los más vulnerables
Distintos estudios revelan que las personas de dieciséis a veinticuatro años pasan más de siete horas al día en internet, siendo la generación Z la que más tiempo permanece conectada a las redes sociales, según el último Estudio de Redes Sociales de IAB. Este fenómeno no solo afecta el tiempo de pantalla, sino que también tiene consecuencias negativas para la salud mental, como estrés, pérdida de concentración, depresión o menor actividad física.
Esta alarma global ha llevado a países como China y Alemania a implementar medidas para restringir el uso de dispositivos móviles entre niños y adolescentes debido a las preocupaciones de los posibles efectos nocivos en la salud. Por su parte, Francia e Italia (además de China y Alemania), también han tomado medidas al respecto prohibiendo el uso de móviles en los colegios.
En España, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas que ya prohíben el uso de móviles en las aulas y Cataluña está en proceso. Además, en esta comunidad, dos profesoras de educación secundaria registraron el pasado mes de noviembre más de 63.000 firmas en el Congreso para prohibir los móviles hasta los 16 años. Esta pasada semana, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha propuesto a las comunidades autónomas prohibir los teléfonos móviles en las aulas y el recreo en Primaria y Secundaria.
Mientras, la Comisión Europea está evaluando la necesidad de actualizar las leyes de protección al consumidor para incluir medidas específicas para el entorno digital, con propuestas esperadas en 2024.
Un debate abierto
La noticia, sin embargo, no ha sido bien acogida por toda la población y ha desencadenado, en las mismas redes sociales, un acalorado debate. Entre las voces críticas, hay quienes expresan que la regulación propuesta podría ser percibida como una intromisión en la vida privada, lo que genera inquietudes sobre la posible pérdida de libertades individuales en el entorno digital.
Además, algunos críticos argumentan que las limitaciones propuestas podrían afectar negativamente a la innovación y el desarrollo de aplicaciones, frenando la creatividad y la diversidad en el ámbito digital. Se cuestiona si la regulación sería una solución efectiva o si podría resultar en un exceso normativo que impacte negativamente en la industria tecnológica y en la experiencia del usuario.
